Una agencia para proteger tus datos personales

La protección de datos personales se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes en un entorno hiperconectado, donde cada vez más personas enfrentan fraudes, adeudos falsos o incluso suplantaciones vinculadas a actividades delictivas. Salvaguardar esta información requiere inversión, conocimiento, estructura y supervisión estatal. En México, el Inai era la instancia encargada de garantizar este derecho y el Itei cumplía esa función respecto a datos en poder de autoridades locales.

En Jalisco se han dado ya casos de alarma en esta materia. En 2023 los datos del padrón vehicular se filtraron en redes sociales donde era comercializado por mil 200 pesos. Con las nuevas reformas y la desaparición de los órganos autónomos, será la Contraloría del Estado, de por sí sobrecargada de funciones, la que atienda los temas de transparencia y privacidad.

Por eso, un grupo de especialistas y académicos reunidos en el grupo Compromiso Jalisco por el Derecho a la información, confeccionaron una propuesta de Ley de Privacidad, Derechos Digitales y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Una de las principales innovaciones es la creación de una Agencia de Privacidad, Derechos Digitales y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, como órgano desconcentrado, con personalidad jurídica y autonomía técnica, operativa y de gestión.

Esto permitiría que la Contraloría no se sobrecargue aún más de actividades, y se cumpla con el añejo anhelo de que existan dos entes distintos, uno para la transparencia, y otro para la protección de datos, como ocurre en otros países (España, el referente más destacado) y así se le otorgue la suficiente atención a cada temática.

Esta agencia asumiría funciones como la garantía del derecho a la protección de datos, la promoción de derechos digitales y la resolución recursos de revisión relacionados con el Poder Ejecutivo, ayuntamientos, fideicomisos y fondos públicos. En lo normativo, podría emitir lineamientos y se le dotaría la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad; además de promover cursos de capacitación para funcionarios o programas académicos en conjunto con universidades.

La agencia se regula en el Título Octavo de la nueva ley. Su titular sería designado mediante convocatoria pública, con requisitos de experiencia comprobada en protección de datos, derechos digitales o derecho público. Con ello se busca asegurar su independencia y compromiso con principios democráticos y de derechos humanos.

Esta agencia únicamente tendría facultad en el ámbito del gobierno del estado y municipios, pues el Órgano de Control Interno del Congreso, el Poder Judicial y el Instituto Electoral tendrán que ocuparse del tratamiento de datos personales dentro de sus respectivas esferas.

Con todo, esta idea representa una apuesta por una cultura de privacidad más robusta, transversal y adaptada a los nuevos desafíos del borrascoso entorno digital. Ojalá las personas diputadas estén a la altura del reto y tomen esta iniciativa ciudadana como el principal insumo para legislar este pertinente tema.

*Profesor investigador del CUGDL de la UdeG

X: @julio_rios

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