Ayer fue un día triste. Sesionaron por última vez el pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) y su consejo consultivo, encabezados por Olga Navarro Benavides y Marcela Aguilar Arévalo.

Jalisco fue pionero en la materia: el 20 de diciembre de 2001 aprobó la primera ley estatal de transparencia en México, y en 2005 impulsó la Declaración de Guadalajara, que detonó la primera gran reforma nacional de 2007.

En 2004, el estado creó al organismo autónomo, pese a resistencias de figuras del PAN, PRI y PRD, como documentaron en su momento los académicos Bernardo Masini y José Rubén Alonso.

El Itei nació oficialmente el 2 de julio de 2005, con Augusto Valencia como presidente y un pleno integrado por Héctor Moreno, Héctor Ontiveros, Guillermo Muñoz y Remberto Hernández. En 2007, el pleno se redujo a tres integrantes: Valencia, Muñoz y Guillermo García Murillo.

A lo largo de su historia, el Itei tuvo cinco presidencias: Augusto Valencia, Jorge Gutiérrez Reynaga, Cynthia Cantero Pacheco, Salvador Romero (interino) y Olga Navarro. También fueron comisionados Vicente Viveros, Paco Vallejo, Pedro Rosas y Natalia Mendoza Servín.

Desde su origen, el Itei incomodó a la clase política. Francisco Ramírez Acuña se negó a transparentar su nómina, ante una solicitud de Vicente Viveros que derivó en resolución favorable del Itei. En 2011, el entonces gobernador Emilio González Márquez urdió una intentona regresiva repudiada por la sociedad civil, que luego fue corregida con la Ley Vitrina de 2013.

Para el periodismo, la transparencia fue aliada. Periodistas como Sonia Serrano, Luis Herrera, Darwin Franco, Violeta Meléndez o el intrépido José Carlos Rodríguez Toral recurrieron al Itei para obtener información negada por diversas autoridades, logrando resoluciones que fortalecieron su labor.

Viene ahora un gran reto: la fragmentación del derecho a la información. Sin un órgano garante único, se deberán presentar recursos ante distintas instancias según el sujeto obligado: Congreso local, IEPC, Tribunal de Arbitraje, entre otros. Cada autoridad con capacidades y estilos distintos, además de intereses políticos dispares.

Entre 2005 y 2025 se registraron más de 1.7 millones de solicitudes de acceso a la información. 16 por ciento fueron negadas y 12 por ciento derivaron en recursos de revisión. En 20 años, se presentaron casi 45 mil solicitudes ARCO (datos personales).

Aunque el Itei recibió críticas -algunas comprensibles, como su aparente lejanía social o su uso político como agencia de colocaciones-, su balance a 20 años es positivo. Comparado con épocas en que se ocultaban nóminas, hoy el acceso a la información es más amplio y cotidiano. Su desaparición, impuesta desde el ámbito federal, impidió una reforma local que corrigiera quirúrgicamente las fallas, sin borrarlo de un plumazo.

El Itei contaba con personal profesional y comprometido -que ojalá sea aprovechado por la Contraloría estatal, que asumirá varias de sus funciones- y su presidenta, Olga Navarro, enfrentó con entereza esta amarga coyuntura.

No pude asistir a su última sesión, pero desde aquí dedico un minuto de aplausos y de pie para este entrañable organismo.

*El autor es investigador de la UdeG

X: @julio_rios

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