¿Cuántos casos como el del Siapa? ¡Urge reforma!

El escándalo protagonizado por una ex funcionaria del Siapa, quien cobraba 73 mil pesos mensuales como asesora técnica y que fue señalada de no contar con el perfil profesional adecuado, no es anecdótico, sino que apunta al corazón del diseño institucional y a prácticas criticadas de la política mexicana respecto al nombramiento de cargos públicos y las estructuras que protegen los “compadrazgos”.

Si bien se anunció la cancelación del contrato de la ahora ex funcionaria, quedan dudas en el aire: ¿cuántos casos como este habrá en otras dependencias estatales o gobiernos municipales? ¿Cuántos directores, asesores o jefes se han encumbrado por su amistad y buenas relaciones con actores clave y no por preparación académica o trayectoria? ¿Cuántos “comisionados” más existen cobrando en una dependencia, pero haciendo labores distintas en otra?

La coyuntura es ideal para que todas las secretarías, gobiernos municipales y Congreso de Jalisco muestren voluntad política e informen cuáles son los criterios para ocupar cargos técnicos o directivos, o cómo se garantiza el cumplimiento de los que están plasmados en leyes y reglamentos. Que informen cuántos “comisionados” existen y bajo qué reglas opera esa figura. Acciones tan sensatas que tristemente suenan a utopía.

Y más aún: que pongan orden y se respeten los tabuladores del Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado de Jalisco y sus Municipios, que en casos como el que tronó en los últimos días evidentemente no corresponden con esos parámetros.

El caso fue revelado por una denuncia ciudadana y retomado por la valiente periodista Sonia Serrano, de esta casa editorial. A esto se le conoce como watchdog journalism, es decir, la prensa termina ejerciendo una labor de escrutinio sobre los poderes. Autores como Schmitter, Sklar o Crespo teorizaron sobre los círculos de vigilancia en los que participan estos agentes externos, a veces con mayor eficacia que las instituciones creadas exprofeso para investigar la corrupción.

Ante estas suspicacias de un uso patrimonialista del poder, debería activarse una investigación de fondo para deslindar responsabilidades. Pero hasta ahora la fiscalía anticorrupción no ha dicho “esta boca es mía”. Por cierto, de ese órgano esperábamos la captura de peces gordos, pero hasta ahora, solo ha entregado puro charal.

Finalmente, desde hace años, diversas voces en la academia hemos impulsado una propuesta concreta para combatir este patrón: una ley de designaciones públicas que realmente permita transparentar y abrir los procesos de nombramientos de funcionarios, incorporando filtros que privilegien la experiencia, la preparación técnica y la trayectoria.

No soy ingenuo. Es una idea necesaria, pero incómoda, porque toca un nervio que la clase política suele proteger celosamente: el de las plazas repartidas por compadrazgo, cuotas electorales o pago de lealtades.

El problema, entonces, no es solo una asesora con sueldo elevado y perfil televisivo. El problema es estructural. Y hasta que no reformemos la manera en que se designan los cargos, el recurso público seguirá dilapidándose como el agua que se fuga de las tuberías.

*Investigador de la UdeG

X: @julio_rios

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