Apuntes sobre nuevo órgano de transparencia en Jalisco

Con la promesa de hilar fino y atender las recomendaciones que han hecho especialistas en la materia, el gobernador Pablo Lemus presentó una iniciativa para crear la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y apertura institucional pública del estado de Jalisco y sus municipios.

Si bien no se atienden todas las propuestas realizadas por académicos que participaron en 15 mesas de gobernanza convocadas por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, sí se contemplan varias importantes. Entre estas, una toral: el carácter colegiado del órgano que resolverá las quejas ciudadanas por la falta de respuesta a solicitudes o por el incumplimiento de obligaciones de transparencia y las sanciones respectivas. Propuesta, por cierto, que en esta columna se planteó desde hace meses.

Para no confundirse, recordemos que existen tres estructuras clave en el nuevo esquema de transparencia: el comité estatal de apertura y transparencia, el consejo consultivo y el órgano desconcentrado que atenderá quejas ciudadanas, que aún no tiene nombre y es el que más dudas ha generado, así que expliquémoslo con peras y manzanas.

Tenemos que partir del contexto federal para un mayor entendimiento: a nivel nacional, el Inai desapareció, y sus funciones respecto a las quejas contra el Poder Ejecutivo -y enfatizo: solo el Ejecutivo- fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Para atender estas atribuciones, la secretaría creó un órgano desconcentrado: Transparencia para el Pueblo, dirigido por María Tanivet Ramos, perfil joven y preparada en la materia, con trayectoria como comisionada del Instituto de Transparencia de Oaxaca.

En Jalisco, el esquema sigue la misma lógica: se propone crear un órgano desconcentrado de la Contraloría estatal, con facultades para atender las quejas relativas al Poder Ejecutivo y los municipios.

A diferencia del órgano federal (con un mando unipersonal), en Jalisco el nuevo organismo tomará decisiones en pleno de tres integrantes: el director y dos consejeros. Un esquema alineado con las buenas prácticas recomendadas por instituciones como México Evalúa, para garantizar un mínimo de equilibrio institucional.

Otra diferencia es la designación. A nivel nacional, el Ejecutivo designa directamente. En Jalisco las personas candidatas presentarían un examen organizado por el Sistema Anticorrupción y el Consejo Consultivo, que a su vez enviarán la terna con las mejores calificaciones al Ejecutivo para definir a la dirección general y dos consejerías.

Los exámenes no son la panacea, lo ideal siempre será una Ley de Designaciones Públicas que saque estas decisiones de la esfera de los poderes, pero mientras eso no ocurra, estas evaluaciones permiten que, al menos, se elija entre personas que acrediten conocimiento técnico.

Este no es el único aspecto por analizar en la propuesta. En próximas entregas abordaremos otras preocupaciones y omisiones que deben corregirse. Y hablaremos de la apertura gubernamental, concepto incluido hasta en el apellido de la nueva ley, y que pareciera del interés de la administración estatal, lo cual es positivo, pues personalmente me parece un tema de la mayor pertinencia.

*El autor es investigador de la UdeG

X: @julio_rios

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