Llave MX: Digitalizar sí, pero con candados fuertes

En una de las escenas más emblemáticas de la película El ministro y yo, Mario Moreno, Cantinflas, sube y baja con un vecino, los pisos de un edificio de oficinas de gobierno. Y cuando por fin encuentra el escritorio adecuado, Héctor Suárez le pide requisitos absurdos: solicitud triplicada, cartilla con resello y certificado de kínder. “¿No quiere el certificado de defunción del señor?”, ironiza Cantinflas.

Esta caricatura de la burocracia mexicana desgraciadamente retrata una realidad cotidiana en México. Por ello, durante años hemos exigido una mejora regulatoria que nos libere del viacrucis administrativo.

Con el objetivo de atender este clamor, en la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, se creó la Plataforma Nacional de Datos, operada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y se presentó la Llave MX, definida así por el gobierno federal en su portal:

“Solución tecnológica que genera una identidad digital y personal que permitirá a la ciudadanía ingresar a diversos portales de Internet de los tres órdenes de gobierno para realizar en línea trámites, solicitar servicios y registrarse en programas sociales”.

El objetivo es construir un ecosistema digital unificado, donde la información fluya entre instituciones sin tener que cargarla una y otra vez, como si cada trámite empezara desde cero. Sin duplicar procesos o requisitos absurdos, eliminando la necesidad de múltiples contraseñas y agilizando el acceso a plataformas gubernamentales.

Y, sobre todo, algo que tiene que ver mucho con la paz mental: evitar enfrentarse a burócratas de rostro endurecido y criterio obtuso. Y de paso, reduciendo el riesgo de la tradicional mordida.

La estrategia es pertinente. Pero también requiere una estrategia sólida y multidimensional de protección de datos personales y biométricos, porque la concentración masiva de información ciudadana conlleva riesgos severos si no se gestiona adecuadamente.

La plataforma concentrará información altamente sensible, tales como huellas digitales, reconocimiento facial, historial médico, fiscal y educativo, así como hábitos de consumo y movilidad. Este nivel de centralización implica riesgos serios.

Si la base es vulnerada –por hackeo o corrupción interna– las consecuencias serían alarmantes: suplantación de identidad, extorsión, fraudes y acceso ilegal a servicios bancarios o de salud. Casos como el embate contra el sistema Aadhaar en India o los hackeos masivos en EUA, así como los ataques a las bases de datos de la Sedena en México, muestran que estos escenarios no son hipotéticos.

Habrá que poner especial cuidado en el factor humano. Funcionarios sin preparación técnica o empresas subcontratadas con bajos estándares pueden comprometer todo el sistema. Y se requiere un combate firme a la corrupción, riesgo siempre latente en un país con fragilidad institucional como el nuestro.

Ya era hora de una modernización y transformación tecnológica del Estado. Esta estrategia, además de garantizar derechos digitales, debe proteger la privacidad de las personas, con blindaje legal y técnico, auditorías públicas, supervisión independiente y sanciones ejemplares.

*Investigador de la UdeG

X: @julio_rios

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