Ideas para el nuevo órgano de transparencia

Expuse en anteriores entregas de esta columna que, a nivel nacional, la nueva autoridad en materia de acceso a la información pública será Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y que este modelo puede ser replicado en cada entidad federativa. En Jalisco sería un órgano desconcentrado de la Contraloría del Estado, que muchos apuestan se denominará Transparencia Ciudadana.

Hoy presento algunos aspectos sobre cómo fortalecer a este organismo dentro de los márgenes de libertad que permite la Ley General.

Órgano colegiado. A nivel nacional, Transparencia para el Pueblo tendrá un titular designado por el Poder Ejecutivo. En lo estatal, parece no haber impedimento. Y si bien el carácter colegiado no es la panacea para subsanar la falta de autonomía constitucional, al menos permitiría equilibrios y diversidad de criterios en la deliberación de las resoluciones. Al respecto, México Evalúa sostiene que cada entidad federativa podrá definir la integración del órgano desconcentrado en su ley local y propone que tengan al menos tres integrantes.

Designaciones. En Jalisco, el proceso de designación de comisionados del Itei, si bien no era inmaculado, permitía que llegaran a las ternas finalistas personas con trayectoria y preparación. Para el nuevo órgano, hay que continuar con convocatorias abiertas, exámenes y evaluación curricular. Y sumar la insaculación entre los mejores calificados. Aunque los sorteos o tómbolas no gozan del mejor prestigio, cuando se aplican entre perfiles probados y bien filtrados, reducen riesgos de que los políticos metan mano negra.

Recursos humanos. Aprovechar al personal capacitado –algunos hasta con posgrados– surgidos del Itei, unidades de Transparencia, contralorías, universidades y sociedad civil, así como desarrollar una efectiva política pública para impulsar el servicio profesional de carrera.

Independencia técnica y de gestión. Esto procura decisiones basadas en criterios profesionales sin influencias externas y autonomía en la administración de recursos, pero requiere presupuestos adecuados.

Facultad de capacitación y verificación. Los perfiles municipales sin experiencia recurrían a las capacitaciones del Itei. El nuevo organismo debe asumir estas tareas, así como las revisiones periódicas a portales web y el cumplimiento de la información fundamental (ahora llamadas obligaciones de transparencia comunes en la nueva Ley General).

Participación ciudadana. El proceso legislativo debe ser un auténtico parlamento abierto, y hay que mantener al Consejo Consultivo del Itei, ampliando su representación a otros usuarios de información pública, como madres buscadoras, víctimas de violencia, ambientalistas, defensores de derechos humanos, académicos y líderes sociales.

El apretado espacio no permitió abordar temas como la creación de una Agencia Estatal de Protección de Datos, una Agencia Digital de Jalisco o políticas de apertura gubernamental, incluyendo ejercicios de transparencia con sentido social (término que sustituye a la transparencia focalizada y proactiva) mediante plataformas como WhatsApp o TikTok. Esto último, por cierto, ha causado escozor en los más pétreos e inflexibles defensores de la solemnidad jurídica.

De todo eso hablaré en próximas entregas.

*Profesor-investigador de la UdeG con posgrado en Transparencia; dirige Radio Universidad 104.3 FM

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