Por un consejo consultivo plural y respetado

Una de las inquietudes que he manifestado al grupo de especialistas de Compromiso Jalisco, quienes trabajan en la propuesta de una nueva ley estatal de transparencia es la necesidad de ampliar la participación a diversos sectores, pues una crítica recurrente al mundo de los transparentólogos es que se volvió un círculo cerrado.

El consejo consultivo era un espacio para la participación social en transparencia, integrado por ciudadanos sin remuneración, quienes proponían y recomendaban al Congreso de Jalisco y al Instituto de Transparencia del Estado (Itei). Su función más importante: organizar el examen de conocimientos para aspirantes a comisionada(o)s del Itei y notificar al Poder Legislativo la terna elegible.

Pero en los últimos años, el consejo fue ninguneado por los diputados. En 2022 el capítulo más ominoso: el Congreso desestimó el proceso previsto en la ley y el dictamen del consejo consultivo, que indicaba que solo una aspirante aprobó el examen. Esto llevó a una judicialización del proceso y el Itei operó con solo dos comisionados durante más de un año.

En la nueva ley local, el consejo consultivo afortunadamente se mantiene como ente auxiliar del Sistema Estatal de Transparencia. Es importante diferenciarlo del Comité Estatal de Transparencia, conformado por titulares de los órganos internos de control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de tres representantes de ayuntamientos y una secretaría ejecutiva.

En la ley que será derogada, para integrar el consejo consultivo era necesario ser propuesto por una cámara empresarial, organismo o universidad. Solo dos de 11 espacios eran para ciudadanos y tres, para sociedad civil. Me pareció sensato que, en las mesas de análisis, la maestra Fabiola Garibaldi sugirió eliminar esta restricción, pues algunos sectores dejaron de participar activamente. La apertura a toda persona interesada que demuestre conocimiento del tema es esencial para garantizar una representación equitativa y diversa.

Considero que la transparencia no debe estar limitada a abogados, politólogos o periodistas. Cuando se emita la convocatoria se debe invitar a organizaciones de derechos humanos, incluyendo colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pueblos indígenas, asociaciones de protección ambiental, colectivos de movilidad y urbanismo, así como agrupaciones artísticas y deportivas a postular perfiles para el consejo consultivo. Todos ellos tienen interés en que funcione el acceso a la información pública. La propuesta de Compromiso Jalisco contempla cinco integrantes, pero creo que puede ampliarse a siete o hasta nueve miembros.

Lo más importante es que el consejo no vuelva a ser ignorado, como ocurrió en 2022. Aunque será un órgano de consulta y asesoría, hay que reiterar la obligación de que la autoridad garante responda, funde y motive sus decisiones respecto a las propuestas emitidas.

Entiendo que las recomendaciones del consejo consultivo no pueden ser vinculantes. Pero lo que sí existe es la obligación de responder y justificar la toma de sus decisiones, con base en los artículos 6, 14 y 16 constitucionales. Y esto aplica también a las próximas autoridades garantes.

*Es investigador del CUGDL de la UdeG y maestro en Transparencia

X: @julio_rios

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