El 17 de septiembre, ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DESA) presentaron en Nueva York el informe ‘Panorama de género 2026’, elaborado con más de cien fuentes estadísticas sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La cifra que encabezó la cobertura mediática fue, comprensiblemente, la más elocuente: al ritmo actual de avance, el mundo alcanzará la igualdad de género en el año 2197. No hagamos la cuenta generosa: eso no alcanza ni para nuestras hijas, ni para nuestras nietas. Pero reducir el informe a esa proyección temporal -por más contundente que sea como titular- desatiende el hallazgo estructural que le da sustento, y que exige una lectura más detenida desde el enfoque de derechos humanos: no se trata solamente de que la igualdad avance despacio, sino de que la arquitectura institucional construida para impulsarla está siendo activamente desmantelada.
El dato es preciso: una de cada tres instituciones estatales encargadas de promover la igualdad de género perdió poder en los últimos dos años; a una de cada cuatro le recortaron el presupuesto, y casi una de cada diez perdió por completo el control sobre sus propios recursos. Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, lo resumió con una frase que merece leerse como categoría analítica y no como consigna: "la igualdad sin poder no es igualdad". Desde la teoría de los derechos humanos, esta distinción es crucial. Un derecho reconocido normativamente, pero despojado de la institucionalidad, el presupuesto y la capacidad de decisión que lo hacen exigible, deja de ser un derecho en sentido pleno y se convierte en enunciado. Lo que el ‘Panorama de género 2026’ documenta, entonces, no es una desaceleración estadística: es una regresión en la exigibilidad misma del derecho a la igualdad.
Este retroceso institucional no ocurre en el vacío discursivo. Coincide con una contracción financiera igualmente documentada: la ayuda oficial al desarrollo bilateral con objetivos de igualdad de género cayó 13 por ciento entre 2023 y 2024, mientras que el financiamiento a organizaciones de derechos de las mujeres que trabajan directamente en el territorio se desplomó 28 en el mismo periodo. La brecha entre el discurso multilateral de compromiso con la igualdad y la asignación efectiva de recursos -el verdadero indicador de voluntad política- se ensancha precisamente cuando más se necesitaría lo contrario.
El componente de poder político completa el diagnóstico: seis de cada siete países del mundo siguen encabezados por un hombre, y aunque el número de mujeres jefas de Estado o de gobierno pasó de 20 en 2020 a 28 en enero de 2026, esa cifra -presentada casi siempre como avance- apenas representa una fracción marginal del total de gobiernos existentes. Celebrar el incremento sin nombrar la desproporción que subsiste es, en sí mismo, un ejercicio de lenguaje que diluye la crítica necesaria.
Para México y para Jalisco, la lectura crítica de este informe no puede quedarse en la solidaridad retórica con la causa global. Cabe preguntar, con la misma métrica que propone Naciones Unidas, si nuestras propias instancias de igualdad -institutos municipales y estatales de las mujeres, secretarías con mandato de género- han ganado o perdido presupuesto y capacidad de decisión en los últimos dos años. El Panorama de Género 2026 ofrece, sobre todo, una metodología incómoda: medir la igualdad no por lo que los Estados dicen defender, sino por el poder real que están dispuestos a ceder. Esa es la vara con la que habría que medir también nuestro propio patio, antes de que otra generación -la que sigue a nuestras nietas- vuelva a heredar la misma espera.
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