El domingo 11 de octubre, miles de personas marcharon de la Glorieta Minerva a Casa Jalisco para exigir algo que nunca debió ser negociable: agua limpia. Desde febrero, miles de hogares tapatíos reciben un líquido con sedimentos, olor fétido y coloración café o negra. El gobierno de Pablo Lemus respondió con gas lacrimógeno, chorros de agua a presión y 39 personas detenidas, según cifras oficiales –entre ellas estudiantes y un periodista–, más decenas de lesionados. La propia presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que exigir públicamente que Jalisco explicara el uso de la fuerza, un nivel de exhibición nacional que un gobierno estatal solo se gana cuando la violación es demasiado flagrante para disimularse.
Aquí el Estado violó dos derechos humanos el mismo día, no uno: el derecho al agua y al saneamiento (artículo 4.° constitucional) y el derecho a la manifestación pacífica (artículo 9.°). Primero incumplió sistemáticamente el primero; después, cuando la ciudadanía exigió su cumplimiento, aplastó el segundo. No es un gobierno que falla: es un gobierno que, ante su propia falla, elige la fuerza antes que la rendición de cuentas.
Lo verdaderamente intolerable no es la novedad del hecho, sino su reiteración calculada. En 2019, bajo Enrique Alfaro, la policía antimotines reprimió a jóvenes que protestaban contra el alza al transporte público; el propio gobernador descalificó la protesta llamándola “provocación”. En 2020, tras el asesinato de Giovanni López a manos de la policía, Jalisco repitió el libreto completo: detenciones arbitrarias, fuerza desproporcionada, y un gobernador que primero culpó a “otros intereses” antes de pedir perdón bajo presión. Quien entonces era presidente municipal de Guadalajara, codecidiendo medidas junto a Alfaro, era Pablo Lemus. Esto no es una administración distinta improvisando ante lo desconocido: es el mismo partido, ejecutando el mismo manual represivo, ahora con autoría propia desde la gubernatura.
El criminólogo estadounidense Richard Quinney, principal referente de la criminología crítica, sostiene que el derecho penal no es un instrumento neutral, sino un mecanismo que protege sistemáticamente los intereses de quienes detentan el poder político y económico. Ese marco se articula aquí con el mecanismo que describió Howard Becker en su teoría del etiquetamiento: el aparato estatal no se limita a contener una protesta que incomoda; etiqueta a quien la ejerce. Transforma a la ciudadanía exigiendo un derecho básico en sujetos “identificados”, en amenaza al orden público –el mismo vocabulario de criminalización que usó Alfaro contra los manifestantes del tarifazo–. No es un desliz retórico: es una estrategia deliberada de control social, afinada con la misma precisión en 2019, 2020 y ahora en 2026.
Que la mayor parte de las 39 personas detenidas ya hayan sido liberadas no es un triunfo que celebrar: es la confirmación tardía de que nunca debieron ser detenidas en primer lugar. Ninguna liberación posterior repara la detención arbitraria, ni el gas lacrimógeno ya inhalado, ni el mensaje de miedo que el Estado envió a quien considere volver a exigir sus derechos.
Lo que debe ocurrir no admite ambigüedad ni plazos discrecionales: auditoría independiente e inmediata al Siapa con resultados públicos; investigación externa –no interna– sobre la cadena de mando que autorizó el uso desproporcionado de la fuerza el 11 de octubre, con consecuencias penales para los responsables, no solo disculpas mediáticas; y una reforma de fondo a los protocolos policiales ante manifestaciones, conforme a estándares internacionales de proporcionalidad, para que gobernar Jalisco deje de significar, cada ciertos años, lo mismo: reprimir a quien exige lo que el propio Estado le debe.
*Doctora en Derecho
jl/I
