Recientemente World Justice Project publicó su Índice de Estado de Derecho 2026. México cayó al lugar 125 de 143 países y jurisdicciones, cuatro posiciones por debajo de 2025, con 0.39 puntos sobre 1 –muy por debajo del promedio mundial de 0.55–. No es un tropiezo de un año: entre 2015 y 2026 la calificación pasó de 0.48 a 0.39, un deterioro sostenido que atravesó, sin excepción, los últimos tres sexenios.
Conviene detenerse en un dato que contradice frontalmente el eje discursivo central del proyecto de gobierno federal desde 2018: el combate a la corrupción. “No robar, no mentir, no traicionar al pueblo” fue la promesa fundacional de un movimiento que se definió, ante todo, por oponerse a la corrupción del régimen anterior. Siete años después, con Claudia Sheinbaum al frente de esa continuidad, el componente de “ausencia de corrupción” del índice ubica a México en el lugar 135 de 143, con apenas 0.26 puntos –uno de los peores resultados de toda la medición–. El combate a la corrupción no ha dejado de ser, en el mejor de los casos, una aspiración más sostenida en el discurso que demostrada con evidencia.
El componente peor evaluado, sin embargo, es la justicia penal: 0.22 puntos, lugar 139 de 143, prácticamente el último del planeta. Entre 2021 y 2026 retrocedió 21.2 por ciento, la caída más pronunciada de los ocho factores medidos. Quienes investigamos académicamente la justicia sabemos leer esta cifra sin eufemismos: un sistema que sigue operando, como documentó hace casi dos décadas el documental ‘El Túnel’, más para “crear un expediente” que para impartir justicia, pese a la reforma de 2008 que debía garantizar publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad. El orden y la seguridad tampoco escapan: 0.50 puntos, lugar 132, con una caída de 5.7 por ciento en el último lustro.
Esta crisis de justicia penal tiene una dimensión de género que rara vez se nombra. Cuando el sistema falla con esta severidad, no falla por igual para todas las personas: falla con mayor crudeza para las mujeres que denuncian violencia familiar, sexual o feminicidio, cuyos casos dependen enteramente de una investigación ministerial competente y un proceso judicial que hoy está entre los más débiles del mundo. La impunidad estructural que refleja este índice es, para las mujeres mexicanas, una forma adicional y silenciosa de violencia institucional.
Jalisco no es una excepción de esta fotografía nacional. El componente de “límites al poder gubernamental” –uno de los que más retrocedió –11.6 por ciento en cinco años–, encuentra expresión reciente en nuestro propio estado: apenas el 11 de octubre, el gobierno de Jalisco respondió con gas lacrimógeno y decenas de detenciones a una movilización que exigía agua limpia, en un patrón que organismos de derechos humanos calificaron de sistemático. Cuando el poder no encuentra límites efectivos y la justicia penal no funciona, la combinación no es casualidad: es, precisamente, lo que este índice mide.
El Estado de derecho no se sostiene con consignas repetidas en la mañanera, ni con la convicción honesta de estar haciendo lo correcto. Se sostiene con instituciones de justicia que investiguen, mecanismos de rendición de cuentas que funcionen, y un poder público que respete sus propios límites frente a la ciudadanía. Mientras México siga retrocediendo en justicia penal, corrupción y seguridad, ninguna bandera política, por bien intencionada que haya nacido, bastará para sostener con datos lo que solo se sostiene en el discurso.
*Doctora en Derecho
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