El reciente ataque perpetrado en un plantel educativo de Torreón, Coahuila, no constituye una anomalía fortuita dentro del mapa de las violencias subnacionales. Es, por el contrario, la cristalización sintomática de un fenómeno estructural que las instituciones de seguridad y educación se han obstinado en ignorar: la radicalización misógina en los entornos digitales y el impacto diferenciado que la inseguridad ejercida sobre las mujeres genera en el ámbito escolar.
Durante años, el discurso oficial ha clasificado estos episodios bajo categorías genéricas de “violencia escolar” o “descomposición social”, despojándolos deliberadamente de su dimensión de género. Sin embargo, al examinar las dinámicas de los agresores en Coahuila y sus vínculos con comunidades virtuales de odio, la evidencia es contundente: forman parte del ecosistema global conocido como la machósfera (‘manosphere’), una red articulada de foros y canales cibernéticos (‘incels’, ‘pick-up artists’, grupos MGTOW) donde la frustración social, la misoginia extrema y la apología del terrorismo machista se legitiman como mecanismo de identidad.
Desde la teoría criminológica feminista, Rita Segato ha conceptualizado cómo la agresión hacia las mujeres responde a una “pedagogía de la crueldad”, donde el cuerpo femenino –y la presencia de la mujer en espacios de autonomía como la educación– se convierte en el territorio sobre el cual los varones reafirman una masculinidad hegemónica amenazada. En una línea complementaria, la socióloga Raewyn Connell analiza cómo la reestructuración de las identidades masculinas en contextos de violencia genera formas de masculinidad “protesta” que encuentran en el ejercicio de la fuerza extrema y el desprecio a lo femenino su única vía de autoconfirmación.
El ataque en Torreón evidencia que los protocolos de prevención en los planteles educativos son obsoletos e ineficaces. Programas punitivos como Mochila Segura –reiteradamente declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vulnerar los derechos a la intimidad y a la presunción de inocencia de la infancia– operan como simulacros institucionales que atienden el síntoma tangencial, pero jamás la causa estructural. No se previene la violencia inspeccionando pertenencias a la entrada de un plantel si se ignora el proceso de adoctrinamiento misógino que ocurre diariamente en las pantallas.
El impacto diferenciado de esta inseguridad en las instituciones educativas es devastador. El espacio escolar, históricamente considerado un entorno de movilidad social, se consolida como un escenario hostil. Datos del Inegi (ENDIREH) y diagnósticos civiles estiman que en México más del 32 por ciento de las estudiantes de 15 años y más han experimentado violencia en el ámbito escolar a lo largo de su vida académica. Eventos con patrones similares –como el antecedente del Colegio Cervantes en 2020 o las continuas amenazas de agresiones masivas en facultades y bachillerato registradas en los últimos años a través de redes como Telegram o Discord– confirman que esta violencia no es neutral; sus objetivos, lenguaje y carga simbólica son de género.
Un enfoque de derechos humanos exige al Estado reconocer la machósfera y la ciberviolencia misógina como factores de riesgo de seguridad pública y violencia extrema, integrando inteligencia digital preventiva. Sustituir protocolos punitivos por modelos comunitarios con perspectiva de género, centrados en la detección temprana de conductas de odio y el desmontaje de la masculinidad violenta. Garantizar el derecho a una educación libre de violencia.
El silencio ante la radicalización misógina en redes seguirá cobrando la tranquilidad y la vida de las mujeres en las aulas. Desmantelar la violencia en las escuelas requiere, de una vez por todas, nombrar y combatir el odio de género que la alimenta.
*Doctora en Derecho
jl/I
