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Diputados dobleteros
La otra sequía
Un total de 423 millones 874 pesos tiene invertidos el gobierno de Jalisco en 47 plantas tratadoras de aguas residuales que, a la fecha, se encuentran apagadas y dejando correr aguas negras domiciliares a ríos y lagos de diferentes zonas del estado, incluida la Zona Metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo con respuestas a solicitudes de transparencia entregadas a este medio por la Comisión Estatal de Agua (CEA), una planta tratadora se programa para tener una vida útil mínima de 20 años; sin embargo, de las 47 construidas con dinero estatal-federal que a la fecha no operan, 37 se habilitaron en el sexenio de Emilio González Márquez, seis en el de su antecesor Francisco Ramírez Acuña y cuatro en el actual de Aristóteles Sandoval Díaz, es decir, no rebasan los 17 años de antigüedad.
De hecho, las más nuevas datan de 2015 y se ubican en Mazamitla y Tepatitlán de Morelos. La primera tuvo un costo de 17 millones 135 mil pesos que se costeó con inversión tanto estatal como federal, pero se encuentra fuera de operación “por falta de energía eléctrica y de personal a su cargo”, según reportes vía transparencia de la CEA.
La segunda, de Tepatitlán, igualmente construida hace tres años, costó 9 millones 589 mil pesos con dinero tripartita, es decir, Municipio, estado y Federación, pero ya no se usa por contar con “equipos electromecánicos dañados, se encontraba en reparación”.
Existen otras plantas de reciente fecha que significaron una mayor inversión.
Tal es el caso de la ubicada en San Juan de Los Lagos, que se perfila como la más robusta y costosa sin ser aprovechada, pues a pesar de tener una capacidad de saneamiento de 200 litros por segundo y que implicó una erogación de 36 millones 331 mil pesos en 2007, está fuera de operación porque “gran parte del equipo electromecánico instalado en las diferentes unidades de tratamiento se encuentra averiado, por lo que es necesario llevar a cabo su rehabilitación”.
Otra fuera de servicio y con casi el mismo costo –36 millones 184 mil pesos– es la de Encarnación de Díaz, habilitada en 2010, que simplemente se reporta como abandonada; requiere mantenimiento del equipo electromecánico y de líneas eléctricas. Su capacidad tratadora es de 100 litros por segundo a través de la tecnología convencional de lodos activados, actualmente considerada en desuso debido a la obsolescencia de sus procesos y alto costo operativo, que recae en las administraciones municipales.
Sin embargo, una de las más graves situaciones es la que se da en Atotonilco el Alto, donde se invirtieron 3 millones 283 mil pesos en una pequeña planta de sólo 3 litros de saneamiento por segundo en 2007 que, de acuerdo con los reportes de la CEA, está abandonada, pero jamás trabajó, a 11 años de haberse entregado. También en Mixtlán se encuentra otra construida en 2010 que, a pesar de encontrarse en buen estado, no funciona porque el acceso es a través de propiedad privada.
Si bien 47 plantas tratadoras de inversión estatal no funcionan en Jalisco, no son las únicas que están desaprovechadas, ya que de las 217 que existen, 75 no operan (35 por ciento).
Según los informes de los que este medio tiene copia, 28 de estas plantas son de inversión exclusivamente municipal, por lo cual la CEA no detalló el costo que tuvieron para el erario. Lo que sí informó de todas ellas es el motivo por el cual no se utilizan y la principal causa es simplemente abandono; es el caso de 24 plantas que, a pesar de estar en condiciones de trabajar, no lo hacen por falta de personal o recursos para mantenimiento, pues se trata de un gasto que debe absorber cada Municipio.
Otra de las principales razones es que están azolvadas y sin mantenimiento, tienen bombas averiadas, sufrieron robo de equipo y vandalismo, no obstante en un par de casos, en Tomatlán y Casimiro Castillo, se debe a que ni siquiera hay energía eléctrica.
No solamente Municipios golpeados por la falta de recursos económicos se encuentran en esta situación, pues Zapopan también ha abandonado su infraestructura pese a ser el ayuntamiento del estado con el mayor ingreso de recursos propios y con el más alto nivel de vida de sus habitantes.
De hecho, la Ex Villa Maicera es el municipio del estado que registra más plantas de tratamiento de aguas residuales sin operar: hay nueve detenidas.
Las más antiguas son tres denominadas Ixcatán 1, 2 y 3 (1998 y 2000), así como una adicional en San Esteban, de 1999, cuyo estatus actual es de abandonadas. Les siguen otras cuatro construidas en 2000 en Copala, Nextipac, Río Blanco y La Venta del Astillero, que se reportan como azolvadas, y una última en el Mesón de Copala, de 2001, también abandonada.
Todas ellas construidas en administraciones panistas de José Cornelio Ramírez Acuña y Macedonio Tamez; después de abandonarse no ha habido seguimiento por parte de los gobiernos sucesores.
No obstante, le siguen municipios como Ixtlahuacán de los Membrillos, con seis plantas tratadoras fuera de operación; Tomatlán, con cuatro; Jocotepec y Arandas, con tres, y Atoyac y Cuquío, con 2 sin trabajar.
Si bien la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece que la responsabilidad de que operen las plantas tratadoras recae tanto en el estado como en los Municipios, la directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) y académica de la Universidad de Guadalajara, Raquel Gutiérrez Nájera, consideró que el gobierno del estado debe tomar el control de éstas para evitar que se desperdicie la inversión cuando los ayuntamientos las abandonen por falta de solvencia.
“Creo que ahí tenemos que implementar un fondo para rehabilitarlas y ver todo el funcionamiento de las plantas de tratamiento, el estado con la concurrencia de la Federación, si no, van a seguir sin funcionamiento”, planteó la especialista en manejo de recursos naturales.
“Es un problema de todas las regiones del estado que las plantas de tratamiento no funcionan y creo que se deben de adecuar de acuerdo con el tipo de descargas y de población. Hay tecnología más barata que una planta, hay humedales artificiales, filtros verdes, porque si no, ¿adónde se está yendo todo? Tiene que haber un replanteamiento del manejo de las plantas porque los Municipios no pueden mantenerlas, hay que cambiar su administración”.
Gutiérrez Nájera planteó que será reto de la siguiente administración que la totalidad de la infraestructura saneadora trabaje para reducir la contaminación de los ríos, mejorar las condiciones de vida de comunidades que conviven con aguas negras y para incrementar la reutilización del agua tratada, pues en el contexto del cambio climático este recurso se verá presionado y se prevé un estrés hídrico generalizado para siguientes años, por lo que debe racionalizarse.
JJ/I