Denuncian ilegalidad de convocatoria

La convocatoria emitida por el Congreso del Estado para elegir a tres magistrados es ilegal porque la sacó una comisión especial y no la Comisión de Justicia, que tiene las facultades para este trámite.

Ésta es la postura del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción y otras organizaciones civiles que expresaron a través de un comunicado.

"La decisión del Congreso es un retroceso por la forma del procedimiento al conformar una comisión legislativa ex profeso para la designación de magistraturas, ya que no respeta su propia Ley Orgánica al excluir a la Comisión de Justicia”.

"Toda vez que es el Poder Legislativo el que debería cuidar la propia ley que lo rige, su papel como contrapeso político y no estar sometido a presiones que afecten sus decisiones", aseveró.

Los diputados locales acordaron crear una comisión especial para sacar la convocatoria para dos Magistrados del Supremo Tribunal y un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa ante las diferencias que tenían con la titular de la comisión de justicia, Mónica Almeida.

Este comunicado advierte que las convocatorias son ilegales y se vuelven impugnables porque violentan lo estipulado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso, el cual le da la atribución de sacar las convocatorias sólo a la Comisión de Justicia.

"Los grupos parlamentarios del PRI, Movimiento Ciudadano, del PAN y del PANAL así como el diputado sin partido, Hugo Rodríguez Díaz, han decidido con esta comisión especial orillar a la judicialización de un proceso de designaciones que traerá como consecuencia el retraso de los nombramientos, sin importar el desgaste institucional y político que perjudica la dinámica democrática en nuestro estado", aseveraron.

Este Observatorio cuestionó que se hayan negado a  someter a examen a quienes aspiran a las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en una lógica que ya no tiene cabida. 

"Es urgente que los nombramientos para el Poder Judicial del Estado se sometan al escrutinio de la ciudadanía, sin violentar la soberanía del Poder Legislativo, a través de procesos transparentes con la intervención de mecanismos legítimos encausados en la figura del Comité de Participación Social", señalaron en su comunicado.

Dar sólo dos días para registro de aspirantes en vez de 15 días es una muestra de falta de transparencia y al igual de sólo darles cinco minutos para entrevistas en vez de 30 que dio el Senado.

"El apresuramiento manifiesto de las convocatorias hace suponer que quienes la emiten ya tienen seleccionadas a las personas a las que desean asignar el puesto, lo que va en detrimento del principio de imparcialidad que debiera regir este tipo de actos de autoridad", advirtieron.

EH