Ejidatarios denuncian colusión entre jueces

Los ejidatarios de El Zapote denunciaron la relación de amistad y trabajo del juez Sergio Salvador Peña Sánchez y su juzgador, José Juan Rodríguez Velarde, por lo que señalaron que éste último debió excusarse en relación al caso abuso de autoridad y corrupción que se desahogó la semana pasada.

Los representantes del ejido y sus abogados solicitaron al Supremo Tribunal de Justicia se revise la relación entre el juez y el imputado para que no se comentan imprecisiones durante las audiencias.

El líder de los ejidatarios, Nicolás Vega Pedroza, exigió “que no se exonere a este juez y al ministerio público  Roberto Fabián Avilés Fernández, quienes dictaron (y ejecutaron) las medidas precautorias que representaron actos de abuso de poder”.

La semana pasada, los comuneros informaron que habían demandado por abuso de autoridad y corrupción al juez Octavo Especializado del Sistema Penal Acusatorio Adversarial en Tonalá, Sergio Salvador Peña Sánchez y al ministerio Público, Roberto Fabián Avilés Fernández.

De acuerdo a lo informado por los ejidatarios, el juez y el ministerio público, aceptaron escrituras falsas y “de manera ilegal les dio valor probatorio” a favor del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), empresa que pretendió despojar a los ejidatarios de los terrenos adyacentes al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, conocidos como Presa San José.

El pasado viernes, los funcionarios se presentaron ante juez José Juan Rodríguez Velarde, quien dictaminó la no vinculación a proceso de Peña Sánchez y Avilés Fernández.

La amistad entre jueces es el argumento de los ejidatarios para que se permitieran irregularidades en las audiencias orales ―lectura de la defensa que se supone oral, uso del imputado de su celular en plena audiencia―, donde se le imputaba liberar órdenes judiciales para despojar de un predio de 51 hectáreas sin reunir suficientes datos de prueba.

El abogado Víctor Hugo Hernández Escobedo afirmó que fue Peña Sánchez quien ordenó las medidas precautorias a petición del Fiscalía del Estado tras la denuncia del representante legal del GAP de actos perturbadores y actos vandálicos con la destrucción de una malla ciclónica y unos candados, luego de que el terreno Presa San José fuera rodeado y enmallado por los empresarios, y autoridades judiciales enviaran a elementos de la fiscalía a resguardar el área.

Los comuneros afirmaron que el ejido es propietario del terreno desde 1939.

JJ/I