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Violento
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Las declaraciones que hizo anteayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez durante el homenaje que se le rindió al oficial de Zapopan Luis Abraham Camacho Galindo, abatido por delincuentes, no pueden ser tomadas a la ligera como una de las muchas más que sueltan los gobernantes y, además, exigen que muestre las pruebas y revele nombres que sustenten su acusación, pues de otra manera podría quedar como cómplice y encubridor.
Las declaraciones de Alfaro Ramírez, publicadas entrecomilladas por el periódico Milenio y que dieron motivo al encabezado principal de su edición de ayer, fueron textualmente:
“Cómo es posible que haya habido autoridades de todos los niveles que hayan decidido negociar a cambio de dinero la paz y tranquilidad de Jalisco. Autoridades que pactaron con los delincuentes, que acordaron con ellos y que se convirtieron en sus cómplices. Qué pensarán hoy quienes estuvieron antes de nosotros metidos en algún lugar, escondidos de lo que ellos piensas será el juicio de la historia. Qué pensarán los que recibieron dinero a cambio de protección para los delincuentes”.
Cuando se refiere a las autoridades que “estuvieron antes de nosotros”, ¿se refiere al gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz o también incluye al menos a los otros dos anteriores, el de Emilio González Márquez y el de Francisco Ramírez Acuña? Y cuando precisa que “autoridades de todos los niveles” –también anteriores, por supuesto–, ¿involucra a los alcaldes de su propio partido, Movimiento Ciudadano, que gobernaron el trienio pasado, además de los gobiernos municipales priístas y panistas que encabezaron los ayuntamientos en las administraciones estatales de González Márquez y Ramírez Acuña?
¿Quiénes de todos ellos –emecistas, panistas, priístas, perredistas y verdecologistas que presidieron ayuntamientos– decidieron “negociar a cambio de dinero la paz y tranquilidad de Jalisco”? ¿Quiénes de todas ellas –de MC, del PAN, del PRI, del PRD, del PT y del PVEM– fueron las “autoridades que pactaron con los delincuentes, que acordaron con ellos y que se convirtieron en sus cómplices”? ¿Se vale lanzar la piedra y esconder la mano, cuando los jaliscienses tienen el derecho de conocer quiénes fueron las “autoridades de todos los niveles” que “a cambio de dinero” decidieron “negociar la paz y la tranquilidad de Jalisco”?
Si su alusión, a nivel estatal, es en parte al gobierno de Ramírez Acuña, valga recordar que quien fue procurador del estado en esa administración es hoy el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien además fue secretario general –responsable del gabinete de seguridad– y gobernador interino en aquel sexenio. Si otra parte de su alusión es a la administración de González Márquez, valga subrayar que el ex gobernador es actualmente el gran aliado del alfarismo y que muchos de quienes laboraron con él hoy forman parte de este gobierno y tienen cargos en áreas que tienen que ver con la seguridad pública o reclusorios. Y si la alusión tiene que ver con el gobierno de Sandoval Díaz, pues entonces que revele nombres y apellidos, que dé pelos y señales de su acusación y que actúe en consecuencia para que sean castigados los responsables.
No es posible que sólo cuestione “¿qué pensarán los que recibieron dinero a cambio de protección para los delincuentes”?, y no se presenten las denuncias correspondientes, sostenidas con pruebas, de quienes incurrieron en tan reprobables acciones.
Ojalá y estas declaraciones del gobernador sean complementadas con los nombres y las pruebas correspondientes en la Mesa de Seguridad que encabezará López Obrador en su visita a Jalisco el 5 de abril; de otra manera, seguirá vigente el síndrome de ver el espejo retrovisor para ocultar su fracaso contra la inseguridad. Al tiempo.
ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.
JJ/I