Quinto Patio

La Fiscalía Estatal (FE) contabiliza 154 asesinatos de mujeres en Jalisco en lo que va del año. ¿Cuántos son feminicidios, o sea, crímenes cometidos por el hecho de que sean mujeres? La minoría. Apenas 15 de cada cien. Que a los asesinatos de mujeres no se les investigue bajo la perspectiva de género tiene diversas implicaciones; una, que los hijos e hijas de las víctimas no reciben apoyos gubernamentales. Quedan en el olvido. Huérfanos de madre y huérfanos de protección del Estado.

El dato es de la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fela Pelayo, quien con la subsecretaria María Elena García Trujillo dijo algo que debiera investigarse con seriedad y solucionarse: la FE tipifica inicialmente los asesinatos de mujeres como feminicidios, peeeeroooo en el Poder Judicial del Estado (¡me estás oyendo, Surooooo!) no mantienen esa clasificación, o sea, reclasifican el delito y sentencian sin perspectiva de género. De ese tamaño.

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La abominación (rechazo y condena enérgica de algo que causa repulsión, dice la RAE) del diputado Salvador Caro por algunos magistrados se notó ayer. Ya se sabe, es público, que hay tres magistrados cuestionados: Armando García Estrada, Alberto Barba Gómez y Celso Rodríguez González, a quienes hasta les congelaron sus cuentas bancarias por su presunto enriquecimiento ilícito. Ante eso, el legislador naranja pide al Poder Judicial del Estado una inhabilitación exprés.

Sin que les hayan dado atribuciones legales, Caro quiere que tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) vean la manera, se las arreglen, pues, para que los tres referidos ya no despachen como magistrados. Sin embargo, lamentablemente, la ley no señala que se pueda hacer eso por meras presunciones o sospechas. Ricardo Suro, magistrado presidente del STJ, se lo dijo muy claro: si no lo ponen en la ley, si no les dan esas facultades, pues están atados. (Traducción: no hay modo).

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El municipio de aires, pasado y belleza rulfiana, San Gabriel, aún no supera los efectos del desbordamiento del río Apango. Han transcurrido más de dos meses y todavía existen pendientes por resolver. Por ejemplo, reestructurar o rehabilitar los puentes dañados, señaló el alcalde Bonifacio Villalvazo Larios.

Ya cuentan con el servicio de agua potable en una red nueva, que abastece a la cabecera municipal, pero existen delegaciones sin ese servicio. Faltan algunas obras, aunque dice el edil que ái la llevan. Confiemos que así sea, que pronto se restablezca lo que podría llamarse normalidad de un pueblo que fue avasallado. Oigan, ¿en qué va la denuncia contra las aguacateras que por talar favorecieron deslaves en San Gabriel?

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Los empresarios de la industria mueblera no se han escapado de la inseguridad pública (pues quién, ¿verdad?), y aunque se hablaba de que sólo los de Ocotlán la padecían, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles (Afamjal), Abelardo Arreola, aseguró que hay empresarios a los que les han robado camiones completos de mercancía en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El empresario lamentó que las pólizas de seguros se han incrementado y muchos en lugar de hacer sus propios viajes de plano mejor contratan a empresas transportistas, y a pesar de que trabajan de cerca con las autoridades, “la situación está complicada... y si no hubiera quien comprara, no habría más robos”. (Aportación sherlockholmesiana: los productos de los asaltos cometidos en la ZMG y carreteras terminan en bodegas clandestinas para luego venderlos en redes que lo mismo surten tianguis que negocios formales de Jalisco y otras entidades).

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JJ/I