Dificultan finanzas el pago de laudos

Debo, no niego; pago, no tengo. Ese fue el argumento de los abogados de los alcaldes de Tala, Enrique Buenrostro, y La Barca, Enrique Rojas, ante la Comisión de Gobernación  del Congreso de Jalisco en la audiencia de desahogo de pruebas por los procesos de suspensión por 15 días ante la falta de pago de laudos.

Miguel Jonathan Naranjo Romero y José Luis Ochoa Cedeño, abogados de los ayuntamientos de Tala y La Barca, coincidieron en señalar que durante todo el año han tratado de llegar a acuerdos de pago, pero los demandantes no ceden en que la cantidad del laudo se les pague en una sola exhibición.

“No ha sido cuestión de voluntad por parte de nosotros; sin embargo, sí estamos imposibilitados para pagarles en una sola exhibición”, comentó Naranjo Romero.

El abogado explicó que Tala ejerce un presupuesto anual de 197.3 millones de pesos, y tiene deudas por 102 millones de pesos, de las cuales 25 millones son por laudos.

Insistió que han hecho ofrecimientos de pagos mensuales o de terrenos de propiedad municipal, pero no han aceptado ninguna de las dos opciones. El juicio laboral 203/2001 es por 761 mil 252 pesos, y en el 673/2005 no se señaló monto.

Ochoa Cedeño argumentó de manera similar ante la comisión por el expediente 2705/2010 por 391 mil 866 pesos.

La representante del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Tamara Meda Hernández señaló que a los ayuntamientos no les queda otra pagar, porque no se puede evadir esta obligación, y recomendó revisar la legislación para encontrar más opciones para negociar y cumplir con el pago de laudos.

María Elizabeth Alcaraz Virgen, diputada titular de la Comisión de Gobernación, comentó que en los cinco días siguientes harán el análisis para enviar el dictamen al pleno, y se vote a favor o en contra de su suspensión.

Reconoció que es necesario analizar la ley y los reglamentos para encontrar más opciones de prevención, negociación y solución de los juicios laborales, tanto para evitar los despidos injustificados y tener claridad en la terminación de los contratos con su personal porque los laudos llegan a ser impagables.

A la sesión de la Comisión de Gobernación  también estaba invitado el Ayuntamiento de Tonalá, pero lo evitó porque interpuso un amparo.

En el caso del Ayuntamiento de Chimaltitán, se detuvo el proceso de suspensión porque pagó el laudo de 600 mil pesos a los ex empleados.

JJ/I