La 4T va por el Poder Judicial

El 21 de octubre del año pasado se anunció la instalación de las mesas de discusión para una reforma al Poder Judicial, con la presencia de los tres Poderes de la Unión y el fiscal general de la República: “Reforma con y para el Poder Judicial”, con el fin de analizar los mecanismos para abatir la impunidad y mejorar el sistema de justica. En la reunión se recalcó que para ello será necesario emprender un debate amplio e incluyente con miras a lograr las metas que se ha trazado el gobierno de la 4T: justicia social, paridad de género y derecho a la verdad. 

La organización no gubernamental México Justo, presidida por Juan Carlos Pérez Góngora, e integrada por el ex ministro Genaro Góngora Pimentel, presentó en diciembre de 2018 una iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial para combatir la corrupción y la impunidad en el país. En especial, para fortalecer la autonomía e independencia de ese poder y reivindicar el derecho al amparo como un medio para la protección de los derechos humanos de los ciudadanos frente a cualquier exceso de los poderes públicos. 

El 8 de enero de este año, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló que su oficina elaboraba una iniciativa de reforma penal para finalizar con la “puerta giratoria” en que se ha convertido el sistema penal acusatorio. Anunció que se propondrá un código penal único para todo el país y las entidades federativas. Además, pidió que se respetara la presunción de inocencia y el debido proceso, algo que AMLO no ha podido evitar, pues usa las mañaneras para juzgar a enemigos y opositores. 

Pero propios y extraños se vieron sorprendidos cuando la semana pasada circuló por diferentes medios digitales el borrador de varias iniciativas de reformas constitucionales y legales en el ámbito judicial y la procuración de la justicia, que debería haberse presentado el 1 de febrero al Senado. El paquete de propuestas incluye modificación a la Constitución, al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley orgánica de la FGR y la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como de otras leyes para la procuración e impartición de justicia. 

Con 35 mil 588 víctimas, 2019 se constituye como el año más violento desde que se llevan registros de ese rubro en México. Ante la impotencia por ir perdiendo la lucha contra el crimen organizado y no haber dado resultados como se prometió (primero seis meses, luego un año y ahora se pidió otro año), la FGR se lanzó con una iniciativa que debilita sensiblemente los derechos humanos al darle mayores atribuciones a las autoridades judiciales, además de representar una retroceso en materia de procuración de justicia. 

El borrador mencionado contempla que también las víctimas de un delito podrán solicitar cateos, la desaparición de los jueces de control, la prisión obligatoria para todos los delitos bajo la figura del arraigo y que las pruebas consideradas ilícitas por la manera como fueron obtenidas, sean consideradas y valoradas por el juzgador. El Senado será la instancia para designar a los jueces y magistrados especializados (de ternas presentadas por el presidente de la República), y hacer la labor de vigilancia y disciplina, ya no el Consejo de la Judicatura. El derecho de amparo no podrá ser promovido ni garantizada la suspensión provisional, pues estará a criterio de la autoridad. 

En fin, la iniciativa de reforma al sistema penal y al Poder Judicial representa un sensible retroceso para los derechos humanos (ratificados en acuerdos internacionales). La política de tirar el niño junto con el agua sucia para desarticular instituciones y agencias gubernamentales bajo la presunción de corrupción y excesos, en lugar de corregir dichas conductas, ha sido una práctica común de la 4T: lo mismo se pretende hacer con el sistema penal acusatorio. 

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