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Se separaron
Mejor restar
Jalisco vive una profunda crisis de seguridad; quien no lo reconozca, vive entonces en una burbuja que tarde o temprano explotará.
El multihomicidio de 10 adultos y un menor en la colonia La Jauja, en Tonalá, no es sólo responsabilidad de la Federación, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quiere manejar el tema. Es responsabilidad también del gobierno del estado y del gobierno municipal.
¿Por qué? Los motivos son varios y todos están sustentados en la Constitución mexicana, a la que aludió Alfaro el pasado domingo en su cuenta de Twitter, cuando responsabilizó al gobierno federal de no combatir la delincuencia organizada.
El mandatario estatal publicó: “Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal por disposición constitucional”.
Y también por disposición constitucional –artículo 21–, la seguridad pública es “una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”.
Lo mismo señala la Constitución del estado de Jalisco, en su artículo 8: “La seguridad pública es una función a cargo del estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución señalan”.
Queda claro que la seguridad pública es una función de los tres niveles de gobierno y colaboran los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia. Y no vimos a ninguno de los mandatarios –alcalde, gobernador o presidente– en la zona, ninguno de los representantes electos se presentó a hablar con los dolientes y familiares de las víctimas. Los muertos en el estado y en el país se han convertido en números de una estadística.
Jalisco es uno de los estados con mayor número de homicidios dolosos del país. Solo en enero, el estado registró 157 asesinatos. El año pasado, en Jalisco se reportaron mil 756 homicidios dolosos.
Las investigaciones del multihomicidio las está realizando la fiscalía de Jalisco, pero el pasado lunes el coordinador estatal del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, dijo a medios locales que “por el tipo de armamento que se utilizó y porque la delincuencia organizada está detrás, es que la Fiscalía General de la República debería atraer las investigaciones del multihomicidio del fin de semana en Tonalá”.
Todos deberían de investigar el asesinato de 10 trabajadores de la construcción que esperaban afuera de una finca su pago y el homicidio de un menor, que se encontraba dentro de la vivienda, donde también resultaron heridos una mujer y un menor.
El gobernador Alfaro aseguró que “todas las corporaciones de seguridad en Jalisco actuaron coordinadas e inició una importante movilización policiaca y de investigación que continúa su curso”. Y cuyos resultados se dieron a conocer el pasado lunes en rueda de prensa, ofrecida por la fiscalía de Jalisco, que informó que se logró el aseguramiento de casquillos en el área del crimen y la identificación de 10 de las víctimas, pero de los responsables aún no se sabe nada.
El alcalde de Tonalá, Juan Antonio González, publicó en su cuenta Twitter que “la tragedia que ocurrió hoy en Jauja no se puede normalizar, esto no puede seguir pasando. Estos niveles de violencia no ocurren de la noche a la mañana, han sido años de abandono”.
Y tiene razón, la colonia La Jauja está en el abandono de los servicios públicos municipales, con calles de terracería sin alumbrado.
El estado no puede lavarse las manos de una función fundamental: la seguridad pública. Los ciudadanos, este año, electores, exigimos seguridad y justicia.
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jl/I