Quinto Patio

Primero definamos qué es una atrocidad: un suceso en el que se hace “uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”, de acuerdo con la organización Causa en Común. La definición es esencial para: 1) saber de qué o en qué marco conceptual se está informando; 2) sortear las descalificaciones de, sobre todo en privado, funcionarios de seguridad que menosprecian lo que no salga de sus bocas, y 3) informar de lo que no se informa, ni se informará, desde Casa Jalisco.

Aclarado lo cual, anotemos que el año pasado Jalisco fue la sexta entidad en cuanto a número de atrocidades: por lo menos 343, en las que destacan 61 actos violentos contra las autoridades, 29 hallazgos de fosas clandestinas y por lo menos 79 casos de tortura, como señala el informe Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto. Enero-diciembre 2023. No nos alcanzarían los dedos de las manos, ni de los pies, para dar ejemplos de Jalisco. Pero van dos: el asesinato de su pareja y su suegra, a manos de un criminal, que fue detenido, en las propias oficinas del Ministerio Público; y el hallazgo de una fosa clandestina en Tlajomulco, con 100 bolsas con indicios y ocho cuerpos. El horror enquistado en Jalisco.

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Si usted cree en las vidas pasadas, tal vez la mayoría de los que llegan a diputados locales fueron pasteleros o pasteleras, pues está en marcha el reparto de cuotas y cuates en el Congreso del Estado. Y los partidos políticos con más curules tendrán su respectiva rebanada. Grande o pequeña, con betún o no, pero habrá para los que hagan valer su peso político: a mayor gordur… que diga, a mayor presencia política, la tajada del pastel será más grande. Son siete las magistraturas en juego.

Además, los diputados locales proceden de manera similar a varias universidades privadas: quienes deseen ingresar deben aprobar un examen con un mínimo de puntos, pero como llegan muchos aspirantes con rezago educativo, pues las casas de estudios reducen el puntaje mínimo para puedan entrar y sanseacabó. Y en el Congreso local, el requisito de que los aspirantes a magistrado deban pasar el examen de conocimientos, con un mínimo de 80 puntos sobre cien, se eliminó: creaba problemas, ya que pocos lo aprueban. ¿Qué taaaaaaaaal?

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Va de nuevo: en Ocotlán organizan otra manifestación exigiendo se retiren las fuerzas de seguridad. Por fortuna, son pocos los que logran movilizar los organizadores, hay ciudadanos que están en contra de ese reclamo y los elementos seguirán ahí, como debe ser, para garantizar la seguridad.

¿Quiénes azuzan a los manifestantes para demandar algo que va contra la responsabilidad básica de un Estado?

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¿Y si a los candidatos a un cargo público se les exige como un requisito que no hayan sido opacos y sí cumplido la ley de transparencia? Lo decimos porque abundan los funcionarios municipales o estatales que son sancionados solo con un jalón de orejas o económica y pinchurrientamente por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei)… y al rato a más de uno lo vemos brincando, orondo, a otros cargos.

Ayer el pleno del Itei aprobó sancionar a tres alcaldes: con el equivalente a 20 UMA (unidades de medida y actualización) al de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez; con tres, a Arturo Uribe Pérez, de Tonaya, y una a Eva María Rubio Becerra, de Mixtlán. Las sanciones monetarias son ridículas. Un UMA equivalía el año pasado a 103.74 pesos. Saquen cuentas. Hasta risa les ha de dar a los “sancionados” hasta ahora.

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jl/I