Proponen sancionar a gobiernos que incumplen laudos laborales

Ante el rezago de más de 22 mil laudos laborales sin cumplir en Jalisco, la diputada Guadalupe Carrera presentó una iniciativa para reformar el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. La propuesta busca que las sanciones por incumplir sentencias laborales se apliquen directamente al ente público –como ayuntamientos o dependencias– y no a personas específicas, evitando que los cambios de administración sirvan como excusa para evadir responsabilidades.

Durante rueda de prensa, Carrera denunció que miles de trabajadoras y trabajadores despedidos por motivos políticos continúan sin ser reinstalados ni indemnizados, a pesar de contar con sentencias a su favor. “Se trata de un ciclo de impunidad donde los municipios simplemente ignoran las resoluciones judiciales”, señaló.

Actualmente, explicó, la ley permite sancionar a funcionarios por no pagar un laudo, pero si el funcionario cambia antes de que se le notifique formalmente, no puede ser sancionado. Esto ha permitido que las administraciones entrantes evadan sistemáticamente su responsabilidad, dejando a los trabajadores en el abandono legal y económico durante años.

El maestro José Luis Tello, presidente del Consejo de Colegios de la Abogacía, respaldó la iniciativa al considerar que el artículo 143, tal como está, es una “letra muerta”. Recalcó que los cabildos municipales también son responsables del incumplimiento, al no asignar presupuestos para el pago de los laudos.

La maestra Marta Castellanos, secretaria de Anticorrupción del Consejo, compartió su experiencia como trabajadora despedida y denunció irregularidades en la reinstalación de trabajadores. Según relató, en uno de los casos que lleva legalmente, un trabajador fue despedido nuevamente tras ser reinstalado y, de acuerdo con su testimonio, fue retirado del lugar esposado. Aclaró que cuenta con videos y evidencias, aunque estos no han sido difundidos públicamente.

La iniciativa también se apoya en el artículo 17 constitucional, que obliga a las autoridades a privilegiar la solución de los conflictos por encima de formalismos legales, especialmente cuando ya existe una sentencia ejecutoriada.

Carrera finalizó adelantando que la reforma será retroactiva y aplicará a todos los municipios del estado.

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