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Antes del amparo
No permitirá construcción
El Congreso del Estado declaró en sesión ordinaria la constitucionalidad de las reformas que crean la fiscalía antitortura en Jalisco.
El dictamen recibió el respaldo de 64 ayuntamientos, con lo cual la mayoría de los 125 ayuntamientos de Jalisco votó a favor y con ello, el siguiente paso es que el gobierno de Jalisco incluya a la nueva fiscalía en el Presupuesto de Egresos 2026, con la idea de que se ponga en funcionamiento el año próximo.
La diputada de Morena, Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, resaltó la importancia de que el estado cuente con la fiscalía antitortura, la cual tendrá recursos propios y autonomía de gestión para investigar denuncias contra servidores públicos que incurran en la práctica de la tortura.
“En algunas ocasiones dentro de las detenciones, elementos de seguridad pública y policías investigadores realizaban tortura. Ahora, habrá fiscalía autónoma, con herramientas técnicas y con presupuesto propio. Actualmente la vicefiscalía se encuentra a un ladito, atrasito de la fiscalía, entonces, te torturan y vas a ir a la vueltita, quedas lastimado psicológicamente. Se pretende que eso no vuelva a ocurrir ese tipo de investigaciones y de detenciones”, dijo la legisladora.
Desde enero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso iniciar de manera prioritaria el proceso legislativo para crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en Jalisco. Por ello, con este trámite se cumple con esa instrucción, dijo Norma López.
“De aquí se manda la minuta, lo paso al pleno y ya se manda al gobernador, se realiza la publicación en el periódico oficial y de ahí ya empezamos con lo que es el presupuesto para la materialización de la misma”, precisó.
Los estados estaban obligados a crear una fiscalía especializada para investigar delitos de tortura, desde 2017, cuando se creó la Ley General en Materia de Tortura. Sin embargo, el gobierno de Jalisco argumentó desde entonces que no tenía recursos presupuestales para abrir esa Fiscalía, en las administraciones de los gobernadores Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro. Ahora le toca al gobernador Pablo Lemus asignarle presupuesto a la nueva instancia.
Se ha señalado que más del 50 por ciento de las personas privadas de la libertad han sido torturadas para autoinculparse de delitos que no cometieron, lo que se tratará de investigar y penalizar a través de esta nueva fiscalía.
GR