Impulsan medidas de prevención y atención para víctimas de reclutamiento infantil

El Congreso de Jalisco llevó a cabo la segunda mesa de trabajo para analizar la ley para prevenir y erradicar el reclutamiento forzado infantil, iniciativa que busca proteger a niñas, niños y adolescentes frente a su incorporación al crimen organizado. Durante la sesión se discutió la creación de un sistema estatal de prevención y atención y la conformación de una comisión interinstitucional para coordinar acciones entre el estado, los 125 Municipios y organismos de la sociedad civil. 

La diputada emecista e impulsora de la iniciativa, Mónica Magaña Mendoza, recordó que cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estiman que entre 35 mil y 45 mil niñas y niños ya han sido reclutados en el país, mientras que UNICEF calcula que hasta 250 mil más están en riesgo.

Durante la mesa de trabajo, especialistas destacaron la necesidad de definir como víctimas no solo a quienes ya fueron reclutados, sino también a quienes estén en riesgo inminente; establecer que en ningún caso las niñas y niños reclutados sean responsables de delitos cometidos bajo coacción, privilegiando medidas de justicia restaurativa y reintegración social, y ampliar la tipificación para abarcar todas las fases del reclutamiento, desde la captación hasta la inducción, así como modalidades de engaño o manipulación.

Se planteó también incorporar estrategias de prevención digital contra el reclutamiento en línea mediante alfabetización digital, monitoreo y protocolos de seguridad, así como reforzar la atención en salud mental. Otro punto sensible fue la ausencia de refugios especializados en Jalisco para sobrevivientes de reclutamiento, lo que actualmente obliga a canalizar casos fuera del estado.

Por disposición legal, la iniciativa deberá someterse a una consulta pública con niñas, niños y adolescentes, así como con colectivos y asociaciones que los representan. La fecha prevista es el 21 de octubre, mientras que un día antes se realizará un foro especializado sobre la constitucionalidad y competencia de la tipificación penal, ya que actualmente no existe a nivel federal ni estatal. 

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