Quinto Patio

Vivir en zona rurales tiene diversas ventajas, como el contacto diario con la naturaleza, pero también desventajas; una, las carencias en el área de salud pública, lo cual se advierte cuando en una situación de emergencia que enfrente una persona o una familia se requiera un médico general, que no está disponible. Porque, de las 762 unidades de salud en Jalisco (que incluye hospitales, clínicas, centros de salud, unidades móviles…), 214 carecen de galenos.

Alguien argumentará que sí podría haber enfermeras o enfermeros. Pero, sin desdeñar su importante labor, el nivel de conocimientos comparado con un médico es distinto. Lo mejor es tener a los dos: enfermeros y doctores. El otro problema es que las unidades de salud sin personal médico se encuentran en 87 municipios jaliscienses. Ya imaginamos las de Caín que padecen quienes viven en regiones alejadas, sin caminos ni transporte en buenas condiciones. Garantizar el derecho a la salud queda, ahí, en predicamento.

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Siempre será buena noticia que una persona desaparecida sea localizada con vida. Y más cuando la víctima desapareció durante un periodo largo. Es el caso de Edgar Axel, estudiante de la Escuela Politécnica de la Universidad de Guadalajara, que estuvo más de medio año en calidad de desaparecido. La Alerta Ámber de Jalisco dio a conocer ayer la información en redes sociales, luego de que el joven desapareciera el 27 de marzo de este año al salir del plantel y se tenían indicios de que se trasladó a Zacatecas.

La rectora general de la UdeG, Karla Planter, informó que la institución ha mantenido contacto directo con la familia del joven y aseguró que se le brindará apoyo psicológico y acompañamiento para su reintegración académica. Que así sea.

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Luego que alrededor de 75 por ciento de las víctimas de feminicidio en Jalisco contaban con una orden de restricción activa, lo que evidencia que estas medidas no han cumplido plenamente su objetivo de frenar la violencia contra las mujeres, la diputada Monserrat Pérez Cisneros propone sancionar con mayor severidad, de dos a ocho años de prisión, a quienes desacaten órdenes de protección o de emergencia.

Como señalan integrantes del colectivo Las Paritaristas que la acompañaron en conferencia de prensa (Daniela Hernández, Adela Ruiz y Priscilla Cavagna), la propuesta es urgente y necesaria. Como anotan, a pesar de que las medidas de protección pueden salvar las vidas de mujeres y niñas, no las respetan los agresores.

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Hay relevo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque. Ayer rindió protesta el abogado penalista Mario Silva Orozco, quien desde 2001 inició su carrera policial. La que presumió en la ceremonia protocolaria que están “cobijados por el manto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum”, porque es “un municipio donde se está llevando a cabo la estrategia de atención a las causas”, fue la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura.

Que el “manto” presidencial realmente cobije, porque Tlaquepaque está en Jalisco en los primeros lugares de desapariciones, fosas clandestinas y percepción de inseguridad por arriba de la media nacional, sin contar que es el municipio con más hechos de violencia de la Zona Metropolitana de Guadalajara. O sea, que falta muuuuucho por entregar buenas cuentas…

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