Retienen y liberan a 14 funcionarios

Indígenas wixárikas retuvieron ayer por la tarde a funcionarios estatales en la comunidad de Huajimic, entre quienes estaban los secretarios de Educación, Francisco Ayón López; de Desarrollo e Integración Social, Daviel Trujillo Cuevas, y de Infraestructura y Obra Pública, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, así como los presidentes municipales de Mezquitic y Bolaños, aseguró Sofía García, vocera de los wixárikas.

Al cierre de la edición, la Secretaría General de Gobierno (SGG) informó que los servidores públicos ya venían de regreso a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Antes, Roberto López Lara, titular de la SGG, rechazó que se tratara de una retención, sino que “participan en una asamblea comunal bajo los usos y costumbres indígenas”; en su cuenta de Twitter también escribió: “Si la asamblea se extendiera, los funcionarios, de acuerdo a usos y costumbres, permanecerían en el lugar hasta que ésta se agote”.

La condición que establecieron los indígenas para liberarlos fue que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz “dé la cara” o que se muestre por escrito el compromiso de indemnizar a los ganaderos que deberán entregarles 10 mil hectáreas invadidas, cuyo derecho ya fue reconocido en tribunales.

Netzahualcóyotl Ornelas se comunicó con sus colaboradores para aclarar que estaban bien y había un ambiente de tranquilidad, por lo que sólo esperaban que se resolvieran las peticiones de la comunidad indígena para que puedan regresar a Guadalajara.

Sofía García confirmó que bajo un árbol de Huanacaxtle, en uno de los puntos de vigilancia instalados en Huajimic, además de los secretarios se encontraban Juan Carlos Rodríguez Mayorga, presidente municipal de Bolaños, y Missael de Haro, presidente municipal de Mezquitic, así como el director general del Code, André Marx Miranda.

Había además funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, del DIF, de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Salud, de dependencias estatales, así como federales de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Sofía García aseguró que se trató de una medida pacífica de protesta, pero requerían de una respuesta por escrito por parte de las autoridades. Recordó que hay pendientes 11 ejecuciones de juicios que ya ganó la comunidad.

Denunció que el 12 de abril fue amenazado Carlos González, abogado de la comunidad, así como los funcionarios judiciales que acudieron a San Sebastián Teponahuaxtlán. Precisó que “esta situación ya no puede seguir así porque ha habido algunos decesos que la comunidad considera que están relacionados, como fueron los asesinatos de Agustín Vázquez Torres y Miguel Vázquez Torres”.

Aclaró que el conflicto sobre las tierras no es la única demanda, sino que también hay peticiones de servicios para la comunidad que no han sido atendidas por las autoridades locales, como de salud y casetas de vigilancia.

Sofía García confirmó que ayer se cumplieron 36 días sin que los niños de las comunidades acudan a clases y sin servicios de salud.

Sin miedo a la policía

Ubaldo Valdez, comisionado vocero de la caseta de vigilancia de Mesa del Tirador de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, expuso que la asamblea de comuneros –que se mantiene en sesión permanente desde hace 36 días– estaba firme en su determinación de retener a los funcionarios estatales que ayer se encontraron con ellos hasta que se dé una solución definitiva al conflicto territorial que enfrentan. Ayer mismo los liberaron.

En principio, reclamó que el director de Asunto Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Vladimir Avilés, quien estaba entre los retenidos, incumplió con los compromisos hechos con la comunidad.

“Se le encomendó desde dos sesiones anteriores que hiciera unas juntas con (la Secretaría de) Gobernación y en palacio de gobierno, en el estado, para que pudieran destrabar de alguna manera el tema que nos aqueja. El día de hoy viene aquí el licenciado Vladimir con una respuesta que nosotros no esperábamos, o sea, nada. Aquí la asamblea permanente le comentó y que no se van a ir, ni los secretarios que están aquí reunidos, hasta que no nos resuelvan el asunto, porque no podemos estar tomando ese tema a la ligera”.

Detalló que, a decir de Avilés, existe un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que la primera transfiera los recursos necesarios para llevar a cabo las indemnizaciones correspondientes a quienes se ostentan como propietarios de las 10 mil hectáreas que la comunidad reclama como propias; sin embargo, lamentó, el funcionario “no trae una constancia de ese convenio”.

En todo caso, reiteró que su exigencia es que se les garantice que recuperarán la totalidad del territorio y no sólo una parte.

Valdez reportó la presencia de “entre 20 y 30” integrantes de la Fuerza Única Regional y expuso que la comunidad está consciente de la posibilidad de que la corporación pueda arremeter para forzar la salida de los funcionarios.

“No tenemos miedo. De que no se van, no se van hasta que no nos den una respuesta favorable (…) Estamos listos. (…) Hasta ahorita no (ha pasado nada), pero aquí están los policías y no les tenemos miedo”.

Listado

Diversas fuentes apuntan a que éstos son los funcionarios retenidos

• Mario Vladimir Áviles, director de Asuntos Agrarios del gobierno de Jalisco
• Netzahualcóyotl Ornelas, secretario de la SIOP
• Armando Pimentel Palomera, director de Regiones y Hospitales de la Secretaría de Salud
• Francisco Ayón López, secretario de Educación
• Mario R. Ramos, director de Fomento Agropecuario de Seder
• Juan Carlos Rodríguez Mayorga, presidente municipal de Bolaños
• Misael Cruz de Haro, presidente Municipal de Mezquitic
• Andrés Palma Flores, subdelegado de la Segob
• Rubén Ortega Lozano,  director del Área de Supervisión de Derechos Humanos
• Daviel Trujillo Cuevas, secretario de Desarrollo e Integración Social
• André Marx Miranda Campos,  director del Code Jalisco
• Ernesto Marroquín Álvarez, director de Apoyo a Municipios de CEA
• Lizana García Caballero, directora general del DIF Jalisco
• Rogelio Azuara Echevarría, delegado de la CDI Jalisco, representante del fiscal general

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