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Descarado
El voto despojando afores
Acciones y decisiones erráticas del Ejecutivo estatal marcan la pauta de los escándalos de esta semana relacionados con la inseguridad latente y la falta de ética sobre quién es el responsable de 444 cadáveres, de los que 157 o 273 los trajeron paseando en una o dos cajas de tráileres refrigerantes de una colonia a otra de la zona metropolitana; cadáveres que empezaron a acumularse desde hace dos años y que ante la crisis provocada es necesario no se dé una explicación de lo más incoherente: “Hubo omisiones que deben ser sancionadas”, o “no estábamos informados”, como se dijo, cuando ese tráiler lo rentó la Fiscalía General del Estado y el secretario general de Gobierno, Roberto López, tenía información de primera mano.
Por otra parte, la construcción de un cementerio forense es aún una idea sin posibilidades reales e inmediatas de llevarse a cabo. ¿Cómo va a hacerle el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz para tener todo en orden para fines de octubre? Tuvo que hacerse un escándalo nacional y hasta internacional para que el gobierno de Jalisco saliera a dar la cara, pero en lugar de dar una explicación razonable, sacrificó primero al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, estrictamente responsable de emitir los dictámenes forenses. Y como esa decisión no contuvo el escándalo, el segundo turno para la destitución recayó sobre el fiscal general Raúl Sánchez. ¿A quién debería ahora sancionarse? ¿Sobre quién cae la responsabilidad de no tomar medidas adecuadas y a tiempo para la solución del problema?
El fondo del problema es que ni hay planeación clara de qué hacer con las diversas formas con que la inseguridad pública nos agobia, con la acumulación creciente de los muertos que son arrojados a fosas clandestinas, desaparecidos o bien se trata de cuerpos no identificados. ¿Qué hacer ante ese problema cuando a lo largo del sexenio no se actuó bajo una política bien definida y coherente? Pero en realidad la pregunta es ¿qué se hace frente al incremento de la violencia, asesinatos dolosos, de desapariciones, de cadáveres abandonados? Sólo para darnos idea, de enero a agosto de 2017 al mismo período 2018 hay un incremento de 3 mil 724 a 4 mil 43 necropsias en las nueve delegaciones del IJCF (El Diario NTR, 17 de septiembre 2018).
La Fiscalía Central, a cargo de Maricela Gómez Cobos, de alguna manera tiene responsabilidad, pero al presumirse que formará parte del próximo gobierno estatal sería muy mala decisión política destituirla a poco tiempo de que el actual gobierno termine su gestión.
Realmente es poco lo que se puede hacer de manera inmediata ante el maltrato a los cadáveres y lo que provocó el escándalo mientras no se cuente con la infraestructura adecuada. Sin embargo, para el gobierno que encabezará Enrique Alfaro Ramírez es muy importante que trate de ir al fondo del asunto y concentre sus esfuerzos en el diseño de una estrategia integral de prevención y control del delito, a fin de que los problemas específicos de violencia, desapariciones, abandono de cadáveres en fosas o en vía pública estén debidamente contemplados en su estrategia de gobierno.
Abatir los principales índices de inseguridad e impunidad se antoja un desafío que la próxima administración deberá afrontar con inteligencia, con eficacia, a fin de que la confianza de los jaliscienses en sus autoridades se vaya recuperando. A las corporaciones responsables de la seguridad pública en los municipios y la entidad se les deberá entrenar y capacitar en lugar de seguir postergando la responsabilidad que en ello tiene la autoridad estatal.
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JJ/I