La disputa por la reforma electoral

La palabra instituciones ya no se usa en estos tiempos. Quien la usa es acusado de corrupto o conservador. El problema es que no hay democracia sin instituciones. No se pueden resolver los conflictos sociales y políticos sin instituciones. Se necesita el aparato de Estado para llevar a cabo todas las reformas. No hay forma de vigilar al poder sin instituciones, el problema es que o se remodelan o se morenizan.

Es tendencia o tentación en algunos diputados de Morena hacer una nueva reforma electoral en la que las elecciones sean organizadas por el gobierno con el argumento de la austeridad. Plantean una estructura de organización electoral donde el Consejo General le responda a órganos de gobierno, y hoy la estructura es autónoma y no le responde al Ejecutivo.

En la propuesta de Morena el padrón electoral quedaría en manos del gobierno, y el problema es que se puede dar uso político a los datos de 90 millones de mexicanos inscritos en el padrón.

La pregunta de fondo es qué modelo electoral pretende lograr Morena. Este cuestionamiento viene al caso porque todas las anteriores reformas a los modelos electorales siempre venían de la oposición, pues la oposición señalaba que las reformas electorales eran esenciales para el futuro democrático de México.

La austeridad aparece como el argumento principal del gobierno actual para una nueva reforma electoral. Para Morena, la República mexicana ya no sólo será representativa, democrática, laica, federal, sino también austera.

Se argumenta que el INE cuesta mucho, pero el INE no sólo organiza elecciones, se le han agregado otras funciones, como la del registro electoral que genera la credencial para votar, el documento de identidad más importante en el país, lo cual representa aproximadamente 40 por ciento de su presupuesto. También el INE fiscaliza a los partidos y la regulación de los medios de comunicación en procesos electorales.

La revocación de mandato y consultas populares rápidas y legales son dos temas que les interesa legislar a los diputados de Morena. Entre las reformas se busca cortar el financiamiento público a los partidos a la mitad, una propuesta que tendrá mucho éxito en clases medias y populares.

También desean lograr el ahorro quitando los organismos públicos electorales locales (OPLE). Pensando que son asimilables, se quiere fusionar direcciones del Instituto Nacional Electoral (INE), la de capacitación y la de organización, que son dos funciones muy diferentes. Se proponen desaparecer la función de educación cívica y quitar al consejo general del instituto. En otras palabras, que el INE sea un organismo técnico y no político.

Los partidos de oposición están decididos a formar un bloque opositor que frene a Morena y no los debilite. Para ellos, esta reforma del gobierno implica un contrasentido histórico y por esa causa puede ser un retroceso a los “avances democráticos”. La oposición de hoy no es un actor social, pues aún está en recuperación de la debacle electoral del año pasado.

Para los ciudadanos, está claro que en la disputa están ausentes. No todo se resuelve con austeridad y se debería impulsar la democracia interna en los partidos para generar espacios reales de participación y de transparencia. La idea que expresan los ciudadanos es el fortalecimiento de las instituciones electorales, no su amputación.

Es la hora de que los partidos empiecen a recuperar credibilidad entre la ciudadanía y eso sólo se logrará si dejan de ser partidos costosos, manejados por élites desconectadas de la población.

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JJ/I