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Un México violento
Porque nos la quitaron
El pasado 30 de noviembre fueron secuestrados 92 choferes (junto con sus unidades) por normalistas de la Escuela Normal Rural de Tenería, del Estado de México. Tras una negociación con el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, los estudiantes acordaron la liberación de conductores y autobuses “de forma inmediata”, aunque hasta el miércoles por la tarde lo hicieron. Los acuerdos logrados en la mesa de diálogo permitieron la obtención de 84 plazas automáticas para sus egresados, entre otros compromisos.
Por otro lado, al menos 25 universidades del país y 45 sindicatos universitarios iniciaron un paro de labores en protesta por las políticas presupuestales hacia las instituciones de educación superior. En contraste, en apenas cinco meses, el gobierno federal ha creado sus famosas 100 universidades financiadas con el ahorro a partir de negar más financiamiento a universidades estatales y federales con trayectoria histórica e institucional.
En el caso de los normalistas de Lechería, el argumento para ceder a sus pretensiones fue –a decir del subsecretario Peralta– para “no reeditar Ayotzinapa”. Sin embargo, es de notar que los estudiantes acudieron a la mesa de diálogo llevando como moneda de cambio unos choferes retenidos (en la realidad fueron secuestrados) para lograr sus demandas. Esto es, desde el punto de vista jurídico, se estaba negociando con secuestradores.
En la mañanera del miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante el cuestionamiento de la privación de la libertad de los conductores, afirmó que “ya se resolvió el problema. Ya mañana hablamos sobre si hay infracción o no hay infracción. Ya se resolvió el problema, es lo que me informaron en la mañana”. Ayer en la mañanera dijo que el caso ya se cerró y que “… problema que se soslaya, estalla, hay que estar atendiendo siempre a la gente, a los jóvenes a todos, de modo que no usemos tanto lo coercitivo, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Pero nada de las “infracciones” o ceder a chantajes.
Sin embargo, ante las demandas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), AMLO dijo que esos son “grupos de presión y así no es ya la cosa, ya se cambió”, y que no cederá a chantajes de las universidades, aunque “se pare todo el país”. En esta perspectiva, creo que las instituciones de educación superior mexicanas están errando la estrategia para lograr sus aspiraciones presupuestales. Tan sencillo como aplicar el método CNTE (o el de Tenería) para que sus peticiones sean cumplidas. Se llama al subsecretario Peralta, se negocia y se llegan a acuerdos (también como con los taxistas de la Ciudad de México).
En la actualidad hay 17 escuelas normales rurales, instituciones que representan para muchos jóvenes campesinos la única posibilidad de obtener una formación profesional y posteriormente una plaza como profesor para conseguir una vida mejor dedicada a la formación de otros jóvenes campesinos con las mismas aspiraciones. Sin embargo, ante la falta de atención por parte de las autoridades, esas instituciones se han visto asediadas por su activismo político, lo que no ha permitido evitar que los jóvenes recurran a procedimientos extremos para que se vean cumplidas sus demandas.
No obstante, con los normalistas y con otros grupos de presión, la estrategia de negociación del gobierno de la 4T parece que no cambiará; esto es, se privilegiarán los acuerdos políticos por encima del estado de derecho. No sólo se secuestraron 92 conductores, sino que se afectaron a las empresas dueñas de los autobuses (“más de 500 millones”), además de la población de la región que regularmente usa ese transporte.
Es importante reconocer que la impunidad es la otra cara de la moneda de la corrupción y el crimen. El Estado no puede renunciar al monopolio de la violencia; no para reprimir, sino para contener a los grupos que quebranten la legalidad.
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da/i