Presupuesto y derechos humanos 

¿Le interesa saber cuáles son las prioridades reales de un gobernante, más allá de lo que dice? Eso es muy fácil, basta con revisar su presupuesto, no hay nada más claro. Como lo reconoce la sabiduría popular, obras son amores y no buenas razones, así que el monto de los recursos que se asigna a cada tema u obra dejan en claro qué es lo que se considera importante y qué tanto. 

Desafortunadamente, en nuestro país no tenemos la costumbre de revisar a fondo el presupuesto público. Solemos quejarnos de los impuestos que nos cobran, pero no revisamos en qué se van a gastar, lo que hace más fácil el trabajo de quienes desean distribuir los recursos públicos de una manera que no necesariamente le conviene a la mayoría de la población. 

Por eso es de aplaudir la existencia de iniciativas ciudadanas como Nuestro Presupuesto, que recientemente exigieron y consiguieron que se publicara el proyecto de presupuesto de egresos de Jalisco en un formato que permitiera su análisis, para determinar hasta qué punto hay coincidencia entre lo que el gabinete del gobernador propone y lo que se debería priorizar desde la óptica de la ciudadanía. 

Pero más allá de esa experiencia, tengo la impresión de que algunas personas no se interesan por revisar los presupuestos públicos, porque no tienen idea de qué es lo que hay que buscar en ellos. Así como cuando llegamos a un lugar totalmente desconocido, y necesitamos que alguien que conoce el lugar nos guíe, así ocurre con los presupuestos. 

En ese sentido me gustaría retomar la guía que elaboraron hace alrededor de una década las economistas Radhika Balakrishnan y Diane Elson, quienes analizaron las políticas económicas de México y Estados Unidos a la luz de los derechos humanos, para saber si favorecían u obstaculizaban su cumplimiento. 

Al respecto, Balakrishnan y Elson plantearon que para poder valorar el diseño de una política económica es necesario determinar si se alinea con los principios y estándares internacionales en materia de derechos económicos y sociales, que implican la triple obligación del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, al tiempo que se le exige tener una conducta acorde con sus compromisos al respecto, la cual debe ir acompañada de resultados que satisfagan y amplíen el disfrute de los mismos. 

Ahora bien, dado que son tantos los derechos humanos que el Estado mexicano debe satisfacer, las autoras retomaron propuestas elaboradas desde la Organización de las Naciones Unidas, para proponer principios que guíen el diseño de las políticas económicas, de manera que su objetivo final esté en sintonía con esos derechos. 

Esos principios son: la realización progresiva de los derechos económicos y sociales; el uso del máximo posible de los recursos disponibles para llevar a cabo dicha realización, lo que implica llevar a cabo el gasto de una manera democráticamente eficiente; no retroceder respecto a lo que se haya logrado avanzar en la materia, especialmente si se han ido satisfaciendo ciertos mínimos indispensables, como, por ejemplo, la provisión de por lo menos 50 litros de agua potable diarios a todas las personas; procurar que los beneficios de las políticas económicas se repartan entre todas las personas con equidad y sin discriminación; y todo lo anterior realizado de una manera transparente, participativa y susceptible de rendición de cuentas. 

Me parece que esos principios nos pueden dar pistas claras de qué es lo que es necesario corregir al presupuesto de egresos de Jalisco, para que el gasto público se enfoque en la realización de los derechos humanos de quienes habitamos este Estado. 

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