Quinto Patio

El Centro Histórico de Guadalajara fue convertido en un campo de batalla entre manifestantes y policías estatales, municipales y agentes de la Fiscalía del Estado. El enfrentamiento dejó heridos de ambos bandos, 26 detenidos, daños a palacio de gobierno y a la oficina recaudadora y dos patrullas estatales incendiadas. A un elemento del escuadrón motorizado le prendieron fuego, policías lanzaron gases lacrimógenos. En calles, corredores y plazas quedaron huellas de la violencia. 

La mayoría de quienes participaron en la protesta son jóvenes, mujeres y hombres. Aunque en mayo de 2004 ocurrieron hechos violentos, luego de una manifestación pacífica, la de ayer superó en su magnitud a la de hace 16 años. Si en la primera protestaban contra la tercera Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea, ahora la demanda de los más de 500 participantes fue esclarecer el asesinato de Giovanni López, a quien el 4 de mayo detuvieron policías municipales y horas después apareció sin vida. 

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Detrás del asesinato de Giovanni López son numerosas las irregularidades, dudas y confusiones que las autoridades estatal y municipal deben aclarar. Del asesinato nada se sabría si no es porque la familia de la víctima subió un video a las redes donde aparece cuando lo detienen los policías municipales. Transcurrió un mes, desde entonces, sin que las autoridades informaran nada de lo sucedido. Lo ocultaron. Cuando se hizo público, salieron a la carrera con declaraciones apresuradas, contradictorias y numerosas lagunas. 

Recordemos que por instrucciones del gobernador Enrique Alfaro, los alcaldes ordenaron a sus policías que exijan a quien deambule en la vía pública a traer cubrebocas para mitigar la expansión del coronavirus. La medida era bien intencionada, pero se podía prestar a detenciones ilegales, maltratos a la población, violación de derechos humanos, como advirtieron especialistas y agrupaciones. Lo temido, sucedió. El caso más grave ha sido el asesinato de Giovanni, que se enmarca en este contexto. 

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Hay dos versiones sobre el origen de la detención de Giovanni: la de las autoridades estatales y la municipal, que a toda prisa aseguraron que no fue por no portar el cubrebocas, sino por faltas administrativas. En cambio, la familia ha declarado lo contrario. “Nunca pensé que por un cubrebocas iban a matar a mi hermano”, indica en un video Christian López. Que la segunda versión sea confirmada tiene implicaciones no sólo jurídicas, sino políticas, pues exhibiría que forzar a la población a usar el cubrebocas se prestó a atropellos y, ahora, a un homicidio, a una ejecución extrajudicial. 

La Fiscalía Estatal y, con ella, el gobierno de la entidad, deben aclarar cómo fue que murió Giovanni, de quien sus familiares reiteran que lo mataron a golpes y de un balazo. Debe quedar claro quiénes son los responsables, el papel del alcalde Eduardo Cervantes y del tardadizo e ineficiente Ministerio Público que supuestamente investigaba. También es necesario deslindar responsabilidades en torno al enfrentamiento entre manifestantes y policías, por los daños cometidos a los inmuebles y patrullas, y de los lesionados que dejaron las diversas trifulcas, que incluyeron abusos que cometieron algunos uniformados. 

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La participación de cientos de jóvenes en la jornada de enfrentamientos debe venir acompañada de una reflexión acerca de la situación que enfrenta este sector y atenderlo, en un país que poco futuro le ofrece. También, debe quedar claro que la violencia no es el camino. Ni en el caso del joven asesinado de Ixtlahuacán de los Membrillos ni de los enfrentamientos registrados. El punto central es que el asesinato de Giovanni no quede impune. Que la tolerancia cero tenga lugar, pero contra la impunidad. 

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