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ASEJ señala deficiencias en programas

(APOYOS. El gobierno estatal implementó siete programas por la pandemia de Covid-19. En conjunto disponen de un presupuesto de mil 453.75 millones de pesos. Foto: Jorge Alberto Mendoza)

La falta de padrones de beneficiarios, la indefinición de objetivos y la omisión de indicadores para determinar si se cumple con los objetivos, podrían hacer que el gasto de recursos para atender la pandemia en Jalisco no sea el correcto, advirtió la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). 

El órgano fiscalizador emitió el Análisis de riesgos de desempeño en los programas de apoyo para atender los efectos de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2, el cual se elaboró a partir de información entregada por el propio gobierno del estado. Con corte hasta agosto, en el documento se revela que existe un riesgo de desempeño de 60 por ciento. 

Los programas revisados fueron el de Protección al Empleo Formal, Fideicomiso para Coberturas de Precios de Maíz del Estado de Jalisco, Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Jalisco Por La Nutrición, Mujeres Líderes de Hogar, SumArte En Casa y Protección al Ingreso, que en conjunto disponen de un presupuesto de mil 453.75 millones de pesos (mdp), de los cuales ya se ejercieron 866.8 mdp. La revisión incluyó el diseño, operación, evaluación y rendición de cuentas. 

Entre las conclusiones de la ASEJ se señala que se identificaron “10 riesgos de desempeño, de los cuales tres corresponden al diseño de los programas, cuatro a su operación y tres sobre su evaluación y rendición de cuentas”. 

Sobre el diseño de los programas, el órgano de fiscalización señala que en cuatro de los siete no se dimensiona la magnitud del problema; además, en seis de los siete no hay un diagnóstico sobre la existencia de brechas entre géneros. 

También se advierte que no hay claridad en los criterios de selección de los beneficiarios de los programas sociales o son ambiguos. Tampoco hay información suficiente de los padrones de beneficiarios, en los cuales “predomina la omisión de la publicación de información que por ley se debe incluir”, que son el nombre, razón social, edad, sexo, monto del apoyo otorgado y unidad territorial de los beneficiarios. 

Para la Auditoría Superior hay además deficiencias en la difusión de los programas, lo cual tiene como consecuencia que “la potencial población beneficiaria” no conozca los detalles para buscar los apoyos. Tampoco se prevén los mecanismos que permitan la participación ciudadana en la supervisión. 

En cuanto a los riesgos detectados, la ASEJ indica que se deben a que los programas no tienen indicadores de desempeño, por lo que no hay elementos para “dimensionar atinadamente el logro de resultados”. Además, no se especifican las evaluaciones que se realizarán ni los plazos para que se lleven a cabo. 

Los riesgos hallados, detalla la auditoría, impedirían alcanzar los resultados de los programas, así como su demostración. 

Los programas de apoyo en la pandemia surgen de un acuerdo publicado el 16 de marzo por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en el cual da instrucciones a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) para que se lleven a cabo las modificaciones, adecuaciones y ajustes presupuestales necesarias “para solventar las necesidades de gasto público” en el marco de la emergencia sanitaria. A partir de la acción se autorizó incorporar la partida 4418, denominada Ayuda para erogaciones imprevistas (pandemia de Covid-19), en el Presupuesto de Egresos 2020. 

En las semanas posteriores se anunciaron los programas y acciones para atender dicha emergencia, tanto para apoyar a personas en condiciones vulnerables como para la protección del empleo y la reactivación económica. 

La Auditoría Superior recuerda en la revisión que cuando un programa se articula en forma de subsidio “debe identificar a la población objetivo, esto es, aquella población que cumple con las características definidas y los requisitos para ser beneficiaria; el propósito o destino principal y la temporalidad para su otorgamiento”, así como un enfoque de género y antidiscriminatorio en los objetivos. 

En el informe se precisa que la revisión que se hizo fue para advertir los riesgos en el desempeño y no para identificar irregularidades. También se recuerda que el ejercicio de los recursos será auditado cuando se revise la cuenta pública. 

 

 

Riesgos encontrados 

En el diseño de programas 

  • Cuatro de los siete programas no dimensionan los problemas públicos que atienden 
  • Seis de los siete programas no hicieron un diagnóstico sobre la existencia de brechas entre géneros. No tienen apoyos ni mecanismos de atención diferenciada 
  • En cuatro programas no hay criterios de selección de los beneficiarios 

En la operación 

  • Cinco programas no tienen información básica de su instrumentación como flujos de actividades, responsables y plazos para su ejecución 
  • No hay información que la ley marca como obligatoria para los beneficiarios del padrón, como nombre o razón social, edad, sexo, monto del apoyo otorgado y unidad territorial 
  • No hay mecanismos de difusión para que la población conozca cómo tener acceso a los programas, pues solo aparece vía Internet 
  • Los programas no tienen mecanismos de participación ciudadana para la supervisión 

En la evaluación y rendición de cuentas 

  • No tienen indicadores de desempeño que permitan evaluar sus resultados 
  • No prevén evaluaciones, plazos para su realización ni responsables de esta tarea 
  • No hay criterios para la integración de padrones ni los medios para su publicación 

 

jl/I