La cientificidad rebasada

La ciudad de Guadalajara en menos de 40 años pasó de ser un territorio neutral para los miembros del crimen organizado, que la usaban para instalar a sus familias y sus negocios fachada de lavado de dinero, a convertirse en una de las plazas más codiciadas para la distribución de narcóticos y otros negocios ilícitos. 

La investigación criminal, la seguridad preventiva y los procesos de impartición de justicia han sido torpes en adaptarse a la evolución del fenómeno delictivo, cuya cara más visible para la sociedad suelen ser los asesinatos, pero en el cual subyacen una serie de situaciones de descomposición social, miseria, aspiraciones socioeconómicas y arraigados patrones culturales de admiración hacia algunos líderes de grupos delictivos. Son sólo algunos de los aspectos que consolidan la normalización de la delincuencia vinculada al narcotráfico. 

Mientras que la mayor parte de los crímenes contra la vida están asociados a la venta y distribución de drogas en Jalisco, un estado productor que pasó de ser un lugar de tránsito hacia Estados Unidos a una tierra de consumo que abrió mercados para los cárteles, las labores de procuración de justicia para llevar a juicio a los responsables de esos asesinatos suelen tener pocos frutos, pues una gran parte de las personas capturadas y sentenciadas lo son por crímenes comunes que tienen que ver con pleitos, violencia de género, robos y otros que no están directamente vinculados al narcotráfico. 

La gran mayoría de los asesinatos están sin esclarecer y muchos de los responsables de los que parecen ya resueltos están prófugos. 

Mucho cambió la situación desde hace 10 o 15 años, cuando una gran parte de los asesinatos estaban ligados a rencillas de pandillas o problemas de tierras, pero las instancias de investigación no han sido capaces de incrementar su capacidad tanto en cantidad de personal como en labores operativas. Antes bien, han sido rebasadas por la imparable y creciente cantidad de víctimas. 

De las grandes fosas clandestinas de cadáveres con cuantiosas cantidades de personas inhumadas localizadas este año, tres de ellas fueron halladas casi de manera fortuita debido a que agentes de la Guardia Nacional protagonizaron un enfrentamiento con sospechosos armados, cuya captura permitió obtener datos para la investigación. 

Si los agentes no hubieran tenido el tiroteo con los agresores, esas tres grandes fosas estarían aún sin descubrir. ¿Cuántas veces se cruzarán diariamente elementos de las fuerzas de seguridad con delincuentes sin sospechar que tienen datos de fosas clandestinas aún desconocidas? Porque una parte de todos los asesinatos son los que se conocen de inmediato por el hallazgo de las víctimas en las calles, pero desde hace dos años se ha disparado la cantidad de lugares de inhumación clandestina descubiertos e incluso hay casos de víctimas disueltas con sustancias químicas cuyo destino nunca se conocerá. 

A los agentes de la fiscalía los despojaron de algunas herramientas de investigación que antes daban resultado en muchos casos, como los famosos tehuacanazos, las calentaditas, las descargas eléctricas que antes eran toleradas, incluso las casas de arraigo que servían para ganar tiempo antes de consignar ante un juez a un sospechoso en tanto se obtenían algunos testimonios y evidencias para procesarlo. 

Y la supuesta cientificidad de las investigaciones está atorada en una fila interminable de peritajes cuyos resultados estarán listos dentro de varios meses. La fiscalía y ciencias forenses requieren un presupuesto no sólo digno, sino suficiente para abarcar todas las investigaciones que se siguen acumulando. 

Twitter: @levario_j

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