Quinto Patio

¿Qué tan capacitados están los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal de Jalisco para cumplir con sus funciones? ¿Qué factores, como el exceso de chamba, deriva en fallas de los procesos? ¿Y cuál es la radiografía del personal operativo de la fiscalía y las corporaciones policiales municipales? Las preguntas son de obligada respuesta a los ciudadanos, o al menos quisiéramos escucharlas por parte de las autoridades estatales, luego de que 44.5 por ciento de las detenciones hechas en Jalisco durante el año pasado fueron ilegales. Los arrestos terminan siendo anulados por un juez al advertir irregularidades, como documenta la investigación Hallazgos 2021, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, de la organización México Evalúa.

El problema tiene décadas, en el que de las fallas se acusan unos a otros los MP y los jueces, sólo que ahora se midió. Se tiene un parámetro que puede contrastarse con los manejos estadísticos a modo que hace el gobierno estatal. Las detenciones arbitrarias son la de diario. Un ejemplo grave y masivo fueron las ilegales aprehensiones cometidas el 4, 5 y 6 de junio de 2020 por elementos de una Fiscalía que está infiltrada por el crimen organizado (Enrique Alfaro dixit). Con las continuas violaciones a los derechos humanos, como son las detenciones ilegales cotidianas, puede entenderse una de las razones de fondo que exacerban la grave inseguridad que padece Jalisco.

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López Mateos es un gran dolor de cabeza para quienes usan esta importante vía metropolitana. Una de las causas es que los gobiernos permitieron que la urbe creciera y creciera sin orden y sin tener una alternativa a esta arteria. Ahora, buscarán cómo solucionar el problema de los embotellamientos.

El gobierno de Jalisco la puso fácil... para así poderse lavar las manos hasta con cloro en caso de que la solución no sirva. Organizarán una consulta ciudadana para que la gente defina qué proyecto quiere y ya, si no jala, pues es su culpa por no elegir sabiamente.

Este proceso va pa largo y prácticamente se llevará todo 2023, además de que el gobernador Enrique Alfaro ha dejado claro que esta administración solo dejará un proyecto de papel y no construido, tendrá que ser la siguiente, si le da la gana, la que le dé seguimiento. O sea, continuarán los líos viales en López Mateos un bueeeeeennnn ratote.

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En el caso de Israel Mariscal Quezada, ex presidente de la extinta y oscura Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) y asesor de la edil morenista Candelaria Ochoa, por un lado, el gobierno municipal tapatío busca suspenderlo y, por el otro, ha ofrecido a la Fiscalía del Estado colaborar en la investigación del multihomicidio cometido en 2011 en el que fuera edificio fegista.

Recordemos que Mariscal Quezada estaba por entregar la estafeta a David Enrique Castorena Peña, quiera era presidente electo fegoso y que, acusado del terrible crimen colectivo, está prófugo desde hace más de una década. Por lo pronto, el alcalde tapatío, Pablo Lemus, subió a su cuenta tuitera la imagen de la ficha de Mariscal Quezada y soltó que en la fracción de Morena en Guadalajara “trabajan dos personas con fichas criminales”; uno, “¡el primero!”, el ex líder fegista, y el segundo es…

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Si la alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, se fue al hoyo (no nos referimos al empresario Gustavo de Hoyos, uno de sus impulsores) y cada partido intentará rescatar lo que pueda de las cenizas, la pregunta es cómo repercutirá ese truene político coalicionista en Jalisco.

Sobre todo el PRD, que ni diputado local ni ediles metropolitanos alcanzó en los comicios pasados y es un partido en franca picada nacional y local.

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jl/I