Abusan de acuíferos con aval de Conagua

Aunque desde 2021 un total de 28 de los 59 acuíferos de Jalisco ya estaba sobreexplotado, en 2022 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) continuó la entrega de concesiones para extracción de agua subterránea. En total, otorgó 475 permisos.

Así, la Conagua permitió la explotación de 38 millones 88 mil 994 metros cúbicos (m³) más en zonas donde ya no hay agua disponible. Es decir, dio su aval para seguir con la sobreexplotación.

El acuífero de Toluquilla, ubicado en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), es el más sobreexplotado. En 2021 la Conagua documentó un déficit de 73.88 millones de m³; sin embargo, en 2022 entregó 30 concesiones más, lo que implicó una carga de 1.41 millones de m³ adicionales.

Dentro de la ciudad los acuíferos de Cajititlán y Atemajac también están sobreexplotados. En 2021 el primero tenía un déficit de 15.18 millones de m³ de agua subterránea, pero la Conagua concedió 57 permisos de extracción más en 2022, validando así la extracción de 3.71 millones de m³ más.

En el caso de Atemajac, el déficit era de 11.34 millones de m³ hasta 2021, pero el ente federal aprobó 23 concesiones adicionales el año pasado para añadir una extracción de 1.38 millones de m³.

Fuera de la ciudad los acuíferos con más déficit de agua subterránea son los de Encarnación de Díaz, Ameca, Ciudad Guzmán, La Barca, Lagos de Moreno y Jesús María.

Entre los 28 que están en esta situación suman 19 mil 41 concesiones de las que 475, es decir, 2.49 por ciento, se entregaron cuando ya no había disponibilidad para extracción.

La información anterior procede del Registro Público de Derechos del Agua de la Conagua.

NO HAY CERTIDUMBRE

Aunque en el papel hay 28 acuíferos de Jalisco sobreexplotados y la Conagua sigue entregando concesiones, en la realidad es muy complejo, casi imposible, saber cuánta agua se extrae del subsuelo en México. El director de Información de Gobierno, Seguridad y Justicia del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) de Jalisco, Conrado Romo García, precisó que la Conagua no tiene información en tiempo real, sólo estimaciones.

“Conagua, que es de dónde estamos teniendo la información y son quienes dan las concesiones, nosotros por lo menos no hemos encontrado una forma en la que ellos verifiquen si el agua que está presente en los títulos es realmente el agua que se está extrayendo (…) Por eso no podemos afirmar con toda certeza que hay un déficit de agua porque en realidad no hay información de si hay un déficit, lo que hay un es un estimado”.

Esa falta de información por parte de Conagua imposibilita saber, además, si los concesionarios respetan su legal posesión, es decir, que no extraigan más de lo que tienen permitido.

“Entendemos que no existe una revisión de si los concesionarios realmente están extrayendo el agua que dicen sus títulos, esto significa que puede ser inferior el agua que extraen de la que tenemos como información o que puede ser mucho más, pero no existe esa información, lo que existe hoy es que legalmente tú puedes extraer más agua de la que dices tener, eso es lo que se puede decir con toda claridad”, añadió.

El IIEG ha analizado lo correspondiente a los permisos de la Conagua en la plataforma Concesionarios de agua subterránea, creada por el IIEG a partir de datos abiertos de la comisión y la cual indica que más del 80 por ciento del subsuelo está en manos de privados.

Al igual que cada 22 de marzo, hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, fecha con la que se pretende hacer conciencia de la crisis mundial del líquido.

No ven voluntad de la Conagua para supervisar

Para Marco Antonio Ramírez, especialista en hidrología subterránea y consultor en la materia, los datos que publica la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son dudosos, pues la dependencia no cuenta con un monitoreo en tiempo real ni auditorías sobre el verdadero uso del agua subterránea.

Consideró que la Conagua no supervisa que se cumplan las concesiones por falta de voluntad y no por ausencia de presupuesto o capacidad, lo que genera un descontrol en el subsuelo.

“No hay una auditoría como tal, no porque no se tengan los instrumentos para hacerlo, simplemente pareciera que no hay voluntad. Aparte pareciera que hay un desconocimiento en el sentido de hacer estos monitoreos y auditorías o revisiones en el sentido de que todos los aprovechamientos de agua subterránea deben de tener un medidor de flujo (pero no cuentan con él)”, precisó.

La situación genera que en México no exista una gestión integral del agua precisamente porque no se mide su consumo real. Lauro Rodríguez

Gestión en la metrópoli, muy limitada según el POTmet

La gestión del agua es una de las 15 subestrategias que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) para dar forma a una urbe compacta, ambientalmente sostenible, justa y equitativa, pero tiene un atraso notable en su aplicación, de acuerdo al Informe de evaluación del POTmet que presentó en febrero pasado el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan).

El documento establece tres clasificaciones para evaluar cada subestrategia: aplicación alta (quiere decir que la estrategia tuvo efectos que terminaron en la instrumentación y definición de alguna política pública), aplicación media (la estrategia se estableció en instrumentos municipales y/o metropolitanos con algunos efectos prácticos) y aplicación baja (el plan se estableció parcialmente en instrumentos municipales, pero con limitada o nula implementación práctica), y la evaluación de la subestrategia 7.5.1, la referente a la “gestión del agua”, queda en la tercera categoría.

Al respecto se explica lo siguiente: “(En cuanto) a la recarga de aguas subterráneas se observó que se urbanizaron zonas con una aptitud de infiltración media y alta según el Atlas Metropolitano de Riesgos, y que existen un gran número de hectáreas de reservas urbanas potenciales para urbanizar con una actitud de infiltración media y alta. En este sentido, es necesario que se actualicen los criterios para determinar zonificación primaria y considerar el valor de aptitud para la infiltración para determinar las zonas urbanizables”.

Por otro lado, “los pagos por derechos de agua deberían de reflejar las diferencias en disponibilidad de agua; bajo esta perspectiva todos los Municipios presentaron un aumento en las tarifas de uso doméstico de agua mayor a 30 por ciento (comparación entre la tarifa del año 2016 y la de 2022); no obstante, este aumento de tarifa no reflejó una disminución en la sobreexplotación de los acuíferos. Es por esto que se debe actualizar la estrategia de crecimiento ordenado y consolidación urbana para que esté condicionada a la disposición del recurso hídrico”.

Además, “acerca de la ampliación de la cobertura de agua potable se observó que de manera general hubo un aumento de cobertura en el AMG. En este sentido, es necesario integrar líneas de acción para el mantenimiento y ampliación de la infraestructura de agua potable existente y prever los mecanismos de gestión y financiación de la infraestructura necesaria en los territorios que no cuentan con este servicio”. Agustín del Castillo

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