Bajo amenaza

En abril, Amnistía Internacional entregó su informe La situación de los derechos humanos en el mundo, en el que documenta las principales novedades en esta materia que se produjeron a nivel global y de forma particular en los países analizados durante 2024.

Sobre México, el organismo señala que atravesó un entorno crítico en materia de derechos humanos. Personas defensoras, periodistas y manifestantes fueron víctimas de criminalización, violencia e incluso muerte, mientras las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional continuaron incurriendo en abusos con impunidad.

Destaca que las desapariciones forzadas y la violencia de género persistieron como problemáticas graves, mientras que quienes buscaban a personas desaparecidas enfrentaban amenazas constantes y que, aunque hubo avances en el acceso al aborto, todavía había estados que no lo permitían, y los migrantes seguían enfrentando condiciones adversas tanto en los trámites como en las fronteras.

También destacó la elección de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer en ocupar la Presidencia, pero en contraste se impulsaron reformas constitucionales que limitaban el control de la Suprema Corte sobre futuras reformas, y se abolieron diversos organismos autónomos, como los institutos de transparencia, medidas que generaron fuertes críticas desde la sociedad civil por representar retrocesos en el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y los derechos fundamentales.

En 2024, de acuerdo con este informe, la libertad de expresión en México continuó bajo amenaza, especialmente para defensores de derechos humanos y periodistas. Según la ONU, refiere el documento, al menos nueve defensores fueron asesinados ese año.

Además, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó a activistas y organizaciones civiles, lo que contribuyó a un clima de hostilidad hacia el activismo, mientras que hubo al menos cuatro periodistas asesinados por causas posiblemente vinculadas a su labor.

Asimismo, las desapariciones forzadas siguieron siendo una crisis grave. La Comisión Nacional de Búsqueda registró 13 mil 588 nuevos casos de personas desaparecidas o no localizadas, con un acumulado histórico de 120 mil 740 desde 1962. Aunque el gobierno impulsó un “censo” para verificar estos casos, organizaciones civiles denunciaron que esa estrategia buscaba reducir artificialmente las cifras y minimizar la magnitud del problema.

Las personas que buscaban a sus familiares enfrentaban altos niveles de riesgo, especialmente las mujeres, quienes son mayoría en estas labores.

Si bien el informe trata varios apartados más, como el derecho a la verdad o las ejecuciones extrajudiciales, los temas que destaco son muy cercanos a Jalisco, al ser el estado con la mayor cantidad de personas desaparecidas en el país o, como ejemplo, como señaló mi compañero Lauro Rodríguez en su nota de este jueves, que da cuenta de que en tan solo un semestre asesinaron a cinco activistas y defensores de derechos humanos.

¿Cuánto tiempo las autoridades van a seguir culpando a los gobiernos que les antecedieron? ¿Qué ha sido diferente en los ya más de cuatro meses que llevamos de este año? ¿Cómo vamos a salir de este pozo que parece ser cada vez más hondo?

La opacidad y la revictimización, veladas o abiertas, muestran que la intención de cambiar está solo en el discurso.

No en las calles.

X: @perlavelasco

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