Agua, muerte y educación faltante

En un país donde más de 65 personas son asesinadas al día, de acuerdo con datos del gobierno federal, quizás una más pase inadvertida. Era una mujer que reclamaba agua. Agua para tener en casa, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. ¿Enfrentaba a maleantes? Exigía el derecho humano de acceso al agua. Fue raptada de su vivienda, desaparecida y asesinada después de una manifestación sobre el abasto.

Este hecho es complejo y preocupante por varias razones; I) por lo que significa dar muerte a quien defendía un derecho humano, nada menos que al agua; II) muestra la negligencia de una empresa constructora que nunca pudo comprobar que existía agua suficiente para sostener al desarrollo propuesto y, sin embargo, vendió las casas; III) las autoridades autorizaron parcialmente el desarrollo, pero nunca impidieron que se poblara; IV) habitantes con necesidades de vivienda compraron su casa, sin advertir el problema; V) ante un fuerte adeudo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte de los vecinos que bombeaban agua de pozos mediante energía eléctrica, la empresa cortó la luz, y VI) que los acuíferos están sobreexplotados.

El conflicto escaló y derivó a una forma violenta que desgraciadamente hemos visto aplicarse con demasiada frecuencia, especialmente en contra de quienes defienden a la sociedad, ya sea porque enfrentan la violación a los derechos humanos o al derecho al medio ambiente sano o a la defensa de especies y ecosistemas. Sin embargo, lo más preocupante es que los conflictos ambientales en México, especialmente por el agua, han ido creciendo en número y en violencia. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México identificaron esta tendencia, con 202 conflictos mayores por agua en nuestro país, en solo dos años, de 2020 a 2022.

De acuerdo con el Consejo Mundial del Agua hay seis causas de conflictos por el agua que van a ir incrementándose: la escasez, la falta de acceso, el deterioro de su calidad, la toma de conciencia de los tomadores de decisiones y del público, la disminución en la asignación de recursos financieros y la fragmentación en su manejo.

Esto preocupa porque no se han advertido cambios en el diseño de las políticas y en las instituciones, pero tampoco en las capacidades de las autoridades, de las empresas pequeñas y grandes, y de los ciudadanos para que se comprenda el movimiento del ciclo del agua en las cuencas, en el campo y en la misma urbe. Y con base en ello se coseche agua, se generen obras basadas en elementos colectivos, responsables y democratizadores.

La realidad del deterioro ambiental ha dejado claro que ni el uso, ni las políticas del agua potable pueden seguir operando con criterios de opulencia y sin criterios de prevención de conflictos. Es necesario que las autoridades reaprendan y rediseñen sus actos y su perfil para pensar y administrar el agua.

Y si los defensores del medio ambiente muestran con hechos concretos los vacíos en el manejo y distribución del agua, estamos obligados a ver, aprender y solidarizarnos con su quehacer.

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