Quedan sin castigo casos de feminicidio

“Cuando pasó todo lo de mi hija hemos encontrado muchas cosas feas. ¿Por qué nos tratan a nosotros, que perdimos a nuestra hija, como si somos los asesinos y no dictan la sentencia y no nos dicen nada y ya han pasado años y todo sigue igual, sin justicia?”. Ese cuestionamiento es parte de una declaración del padre de una víctima de feminicidio que sirvió para confirmar las dificultades que sus familias y víctimas indirectas tienen para acceder a la justicia.

Lo anterior es parte del estudio Cuando Pasó lo que Pasó, el cual también señala que los familiares de las víctimas padecen también burocracia, las propias dificultades que significa el proceso y falta de recursos.

“Se confirma lo expresado por buena parte de las personas entrevistadas, (hay una) infinidad de dificultades de los familiares de las víctimas sumada a la escasez de recursos para materializar su legítimo derecho de acceso a la justicia”, señala el estudio dado a conocer esta semana.

El documento es un “estudio socioantropológico de los contextos donde se produce el feminicidio familiar íntimo en Jalisco”, que es cuando este delito ocurre dentro de la familia o en relaciones de pareja, y fue elaborado por los investigadores María Eugenia Suárez de Garay, Paulo Octavio Gutiérrez Pérez, Myrna Carolina Huerta Vega y Anayanci Fregoso Centeno con el apoyo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

Los insumos de los que se alimenta son entrevistas con familiares de las víctimas, con agresores, con funcionarios públicos relacionados con el tema y con mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio, así como de consultas a algunas carpetas de investigación, lo que permitió hacer una evaluación cualitativa de esta violencia en 24 casos.

“Ese día pasó todo, me fui a esperar el cuerpo y duré mucho tiempo dando mi declaración y a los papás del asesino ni 15 minutos duró y se fueron, y yo con todo mi dolor, con todo mi proceso, ahí sola, sin noticias”, relató la madre de otra víctima.

En el diagnóstico sobre el problema se señala que en Jalisco, de 2015 a noviembre de 2023, se registraron mil 877 muertes violentas de mujeres, pero únicamente 465 se tipificaron como feminicidio y el resto, mil 412, como homicidio doloso.

A la vez se recuerda que la forma de clasificar el delito provocó severas críticas de colectivos de mujeres en 2021, cuando las autoridades clasificaron como feminicidio apenas 66 de 245 asesinatos violentos. Eso a pesar que las fiscalías están obligadas a investigar todas las muertes violentas como feminicidio; sin embargo, menos de 30 por ciento se clasifican de esa forma.

Aunado a lo anterior, en el estudio se reconoce que, antes del asesinato de las mujeres consideradas para el trabajo, hubo una escalada de agresiones que subió de intensidad “hasta alcanzar niveles de riesgo feminicida”.

El trabajo de investigación también tuvo como objeto “ubicarse en los contextos sociales y culturales en los que se produce el feminicidio en Jalisco, como una manera de visibilizar los sesgos de género y la vulnerabilidad en el contexto de vida de la persona víctima, de la persona agresora, del grupo familiar o de la comunidad de la que provienen”.

Además, apunta que su nombre, Cuando Pasó lo que Pasó, surgió porque en el acercamiento con la mayoría de los entrevistados, “parecían querer desdibujar el sentimiento de lo vivido” sin llamarlo por su nombre, como una forma de “paliar el dolor, el desaliento, la impotencia, la vergüenza, la culpa, la injusticia y los impactos que siguen latentes en sus vidas”.

LOS PRINCIPALES HALLAZGOS

Entre las conclusiones del ejercicio se puntualiza que “el contexto sociocultural del feminicidio familiar íntimo en Jalisco está configurado sobre la base de una ideología conservadora y anacrónica de los roles y estereotipos que se configuran en torno a los sexos y cuyas premisas son” que la mujer es propiedad del hombre, que es un objeto sexual, que debe ser leal y fiel al hombre, que los hombres son proveedores, que los agresores desempleados o con ingresos inferiores a los de su mujer están devaluados y que siguen siendo dueños de las mujeres aun cuando se separen o se divorcien.

En cuanto a la falta del acceso a la justicia que padecen las familias, el documento propone “contar con un plan estratégico de formación, profesionalización y actualización del conjunto de funcionarias y funcionarios públicos cuyas funciones estén relacionadas con la prevención, la atención y sanción de la violencia de género contra las mujeres y el feminicidio”.

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