Ausentes derechos sociales a personas en migración en AMG

El profesor en las licenciaturas de Relaciones Internacionales y Derecho en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Luis Enrique González Araiza, explicó que la obligatoriedad de documentos oficiales mexicanos provoca una persistencia en la barrera para brindar derechos sociales a personas en situación de migración en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

“Cuando quieres insertarte sin tener una regular estancia vinculada con el ejercicio al derecho al asilo, se te complica mucho. En términos de derecho migratorio estás en el país de forma irregular, estás ‘sin papeles’, como se dice popularmente; y en esta condición no tienes regular estancia, no tienes CURP, que es la llave a los derechos sociales en México”, mencionó el académico.

Explicó que la ausencia de políticas públicas de integración social para las personas originarias del Caribe, Centroamérica y Sudamérica que llegan al AMG, impide el acceso a derechos sociales como la salud, el trabajo y la asistencia social.

Puntualizó que solamente las personas que cuentan con una estancia regularizada mediante un documento expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM) pueden procurar un proceso de integración social.

“Esto implica que cada orden de gobierno, de acuerdo con su jurisdicción y competencia, empiece a generar políticas de integración para esta población; por ejemplo, que los municipios, cuando solicitan un documento para identificarse, no sólo sea el que piden a los mexicanos, la credencial del INE, que las personas extranjeras tengan un documento migratorio con el cual puedan identificarse ante el municipio”, comentó.

La casa de estudios agregó que mediante el diagnóstico publicado en: “El proceso sobre los procesos migratorios en el Área Metropolitana de Guadalajara”, elaborado por investigadores de la UdeG y del ITESO, se recomendó a los municipios metropolitanos impulsar la coordinación intermunicipal para la atención de personas en contexto de movilidad, por medio del Sistema DIF, institutos de las mujeres y de las juventudes, comisarías, servicios médicos municipales, registro civil, entre otros.

“En la medida en que se tome en cuenta a esta población se pueden generar armonizaciones a nivel administrativo, y también algo concreto en los programas sociales, porque en las reglas de operación siempre te piden que se identifique a la persona del municipio a través de su credencial de elector, pero no todas las personas que viven en el municipio y pagan impuestos son mexicanas”, destacó González Araiza.

La casa de estudios también detalló que en los últimos dos años incrementaron las solicitudes para la condición de refugio al pasar de 120 mil solicitudes en 2022 a 140 mil en 2023 debido a que las personas en situación de migración que llegaron tras enfrentar crisis medioambientales, pobreza o persecución por violencia y vieron a México como un país destino.

EH