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El 16 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la Ley General de Salud en la materia de Salud Mental y Adicciones, y el 13 de julio de 2024 se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco el decreto por el que se expide la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco. En ambos productos legislativos se plantean aspectos importantes y trascendentes para la prevención y atención de los problemas emocionales y de conducta de las y los ciudadanos de México en general y de Jalisco en particular, aunque no se incorporaron otros muchos aspectos fundamentales.
Uno de esos aspectos tiene que ver con el financiamiento de los servicios públicos de salud mental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en reiteradas ocasiones ha planteado a los gobiernos del mundo la insuficiencia de los recursos para los servicios de salud mental; de hecho, ha propuesto que se asigne el 5 por ciento de los recursos económicos destinados a los servicios sanitarios a la salud mental.
Pero la desatención continúa y en las instituciones de salud pública federales aún hay casos en los que, en una primera sesión, una persona le reporta a un profesional de la salud mental que en tres ocasiones ha tenido ideaciones suicidas; sin embargo, la siguiente cita de seguimiento se la asignan para un año después, con lo que podemos afirmar que dicha atención es totalmente inadecuada y sumamente riesgosa y que seguramente ello se debe a la insuficiencia de psicólogos y psiquiatras contratados.
La insuficiencia de recursos también es palpable cuando en numerosas instituciones públicas que brindan servicios de salud mental trabajan con pruebas psicológicas fotocopiadas, es decir, no originales, lo que es ilegal, antiético y resta calidad a la evaluación; cuando en las instituciones públicas de salud con servicios de salud mental no cuentan con equipos de biofeedback y neurofeedback, que son muy recomendables para la atención de trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, insomnio o trastornos de personalidad, y cuando en los trabajos de psicoterapia infantil de juego utilizan un número limitado de juguetes, juguetes deteriorados y sucios. Así podemos concluir que, ante el incremento significativo de las solicitudes de atención psicológica y psiquiátrica, urge, urge que se destinen más recursos económicos para los servicios públicos de salud mental.
El trabajo legislativo en salud mental puede ser importante, pero con recursos insuficientes simplemente queda en buenos deseos que no ayuda.
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jl/I