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Y a pedir perdón
Sombra
Desde 2019, las autoridades federales sabían de la existencia de cuerpos incinerados en Teuchitlán, Jalisco. Lo que durante años permaneció sepultado bajo el polvo de la impunidad salió a la luz el pasado 5 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un crematorio clandestino en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que al menos desde el 10 de agosto de 2019, la Guardia Nacional había reportado el hallazgo de restos calcinados en ese mismo predio. El informe oficial señalaba que en un campo de maíz se encontraron cuerpos quemados y zapatos esparcidos, evidencias que ya entonces sugerían la existencia de una fosa clandestina.
En un documento compartido por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad revelaron que la Guardia Nacional tenía conocimiento de los hechos desde 2019 (Foto: Especial)
Las periodistas Vanessa Cisneros y Valeria Durán, autoras de la investigación, señalaron que a pesar de los hallazgos iniciales, la zona fue abandonada por las autoridades y ninguna investigación fue concluida. Ni siquiera durante un cateo realizado el 20 de septiembre de 2024, cuando elementos del Ejército y de la Guardia Nacional incursionaron en el Rancho Izaguirre tras una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de personas armadas.
Ese día, fueron detenidas diez personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se liberó a dos víctimas de secuestro. Se aseguraron armas, chalecos tácticos y vehículos. Pero ningún indicio apuntaba a lo que había debajo de la tierra: ni una sola mención en el reporte oficial sobre posibles restos humanos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al municipio por omisiones graves en materia de desaparición de personas el 15 de marzo de 2021 (Foto: Especial)
La misma investigación revela un segundo documento, fechado en marzo de 2020, en el que el comisario de Teuchitlán reportó un intento de soborno por parte de un grupo criminal. La solicitud era clara: “déjennos trabajar”. Aunque el soborno fue rechazado, la respuesta institucional fue reforzar la seguridad de los agentes, no investigar la operación criminal detrás del rancho.
El resultado fue una omisión sostenida por más de cinco años. Mientras las autoridades archivaban reportes, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco seguía recibiendo mensajes anónimos que advertían sobre cuerpos enterrados en el rancho. La urgencia por encontrar a los suyos —como Raúl Servín Galván, desaparecido en 2018— los empujó a ir, sin apoyo oficial, a buscar en donde nadie más quería mirar.
El 5 de marzo de 2025, tras más de una hora de camino, el colectivo llegó al Rancho Izaguirre. Lo primero que notaron fue que la propiedad no estaba acordonada ni asegurada, a pesar de haber sido cateada seis meses antes. Sin sellos, sin vigilancia, sin resguardo de evidencias.
Dentro, los buscadores encontraron montañas de ropa, casquillos, mochilas, zapatos, objetos personales y tres hornos clandestinos repletos de restos calcinados. “Aquí quemaron a cientos de personas”, relata don Raúl Servín, quien cavó con sus propias manos hasta encontrar piezas dentales y placas de acero quirúrgico entre las cenizas.
El hallazgo fue transmitido en vivo por redes sociales, dejando en evidencia el abandono de las autoridades. “Para ellos el lugar ya estaba procesado, pero había cientos de objetos, indicios, restos”, denunciaron.
Fotografías difundidas por el colectivo muestran objetos personales que podrían dar identidad a muchas víctimas: credenciales, ropa con logos escolares, biblias, cartas, libros, llaveros con retratos, mochilas de Uber Eats, playeras deportivas, incluso una maleta con el logotipo del gobierno de Zacatecas, periodo 2021-2027.
Uno de los objetos más impactantes es una nota manuscrita: “Mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo”, firmada por Eduardo Lerma Nito, fechada el 2 de mayo y con origen en Cortazar, Guanajuato.
En otra imagen se observa un altar a la Santa Muerte junto a figuras de santería, y un improvisado campo de tiro con señales de tránsito perforadas por disparos. Un listado en un cuaderno revela los apodos de quienes allí estuvieron: “teniente”, “poco pelo”, “repartidor”, “toluco”.
El rancho, construido en 2013 sobre 13 mil metros cuadrados, funcionó durante años como centro de adiestramiento, sitio de cautiverio y crematorio. Hoy, es evidencia de la colusión, la omisión y la impunidad.
La Fiscalía de Jalisco subió apenas el 12 de marzo un listado con 500 indicios recolectados, acompañados de imágenes. El colectivo espera que ese registro ayude a cientos de familias a encontrar a sus desaparecidos.
“Cada vez que excavamos pensamos que podemos hallar a nuestros hijos”, dice don Raúl. “Ver estos restos calcinados nos hace pensar lo peor”.
En Teuchitlán, las víctimas no solo fueron asesinadas: también fueron borradas. La única memoria que queda es la que las familias han decidido no dejar morir.
La investigación completa de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad se puede consultar en el siguiente enlace: https://contralacorrupcion.mx/desde-2019-la-guardia-nacional-encontro-cuerpos-incinerados-en-teuchitlan/
GR