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Amnistía Internacional advirtió en su informe anual 2025 dado a conocer esta semana que la situación de los derechos humanos en América Latina experimentó un deterioro alarmante durante 2024.
Varios países de la región —entre ellos Haití, Nicaragua, Venezuela, México, Colombia, El Salvador y Cuba— enfrentaron contextos de represión, violencia estructural, colapso institucional y vulneración masiva de derechos, en particular hacia poblaciones históricamente marginadas.
Amnistía Internacional (AI) concluyó que América Latina está atravesando una regresión peligrosa en derechos humanos. “La represión del disenso, la criminalización de la protesta, la impunidad por crímenes graves y la desprotección de las poblaciones más vulnerables son síntomas de una tendencia autoritaria preocupante”, alerta el informe.
La organización instó a los Estados a cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar justicia, proteger a los defensores de derechos humanos y frenar las violaciones estructurales que afectan a millones.
Haití vivió uno de los peores episodios de crisis en su historia reciente. El país quedó en manos de grupos armados que actúan con total impunidad, mientras el Estado prácticamente dejó de funcionar.
Amnistía documentó una situación de violencia endémica, desplazamientos forzados, secuestros masivos y una grave crisis alimentaria. Se declaró una hambruna en varias zonas del país y más del 50 % de la población enfrentó inseguridad alimentaria severa. La respuesta internacional fue calificada como “lamentablemente insuficiente”.
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantuvo una estrategia de represión sistemática contra toda forma de disidencia, sostuvo AI. Durante 2024 se aprobaron nuevas normativas que permiten la disolución arbitraria de partidos políticos, ONG y medios independientes, acusándolos de “extremismo” o “terrorismo”.
Activistas, periodistas y líderes opositores fueron arrestados sin debido proceso, denunció Amnistía Internacional en su informe, que recoge la existencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, así como el exilio forzado de centenares de nicaragüenses por temor a represalias.
En Venezuela continuó la represión contra voces disidentes, afirmó la ONG. El Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró, empleó detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales para acallar a la oposición política y social.
Según AI, en 2024 se mantuvieron las restricciones a la libertad de prensa y el sistema judicial siguió operando sin independencia. Amnistía también reportó la criminalización de ONG y defensores de derechos humanos y denunció la impunidad generalizada por crímenes de lesa humanidad cometidos en años anteriores. La crisis humanitaria se agudizó, provocando la salida de millones de personas del país, agregó.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos para defensores de derechos humanos y periodistas, indicó AI.
En 2024, se documentaron ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, desapariciones forzadas y colusión de autoridades con el crimen organizado. La violencia de género continuó en aumento: cada día, diez mujeres fueron asesinadas, la mayoría sin que los casos se investigaran adecuadamente.
Además, según Amnistía, organizaciones feministas denunciaron el abandono institucional ante los feminicidios y la revictimización de familiares.
En Colombia, la reactivación de grupos armados ilegales y la falta de implementación efectiva del Acuerdo de Paz generaron un clima de violencia persistente, indica el informe.
Amnistía Internacional reportó más de 200 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en 2024, especialmente en zonas rurales.
El reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento interno también crecieron. A pesar de las promesas gubernamentales, el Estado no garantizó medidas efectivas de protección ni justicia, consideró AI.
Desde que se impuso el régimen de excepción en 2022, El Salvador ha vivido una regresión acelerada de sus derechos civiles, subraya el informe de AI.
En 2024, las autoridades detuvieron a más de 75.000 personas bajo acusaciones de pertenencia a pandillas, muchas veces sin evidencia ni un proceso judicial adecuado.
AI documentó la existencia de torturas, muertes bajo custodia, condiciones carcelarias infrahumanas y detenciones de personas inocentes, incluyendo menores de edad.
Amnistía denunció que el sistema judicial actúa bajo presión política, negando recursos legales básicos.
En 2024, el Gobierno cubano, según AI, mantuvo un control absoluto sobre la disidencia, utilizando detenciones arbitrarias, juicios sin garantías y hostigamiento a activistas, periodistas independientes y manifestantes pacíficos.
Amnistía Internacional denunció el uso de cargos penales ambiguos como “desórdenes públicos” o “sedición” para encarcelar a personas críticas, muchas de ellas vinculadas a las protestas de julio de 2021. La represión, prosigue el informe, incluyó vigilancia digital, limitaciones al acceso a internet y bloqueos sistemáticos a medios independientes. La criminalización del disenso se sostuvo como una política oficial del Estado, agregó AI.
Aunque no es parte de América Latina, el informe incluyó advertencias graves sobre Estados Unidos, país con fuerte influencia regional. En 2024, activistas pro derechos humanos, especialmente quienes defendían los derechos del pueblo palestino, migrantes y el derecho al aborto, fueron objeto de vigilancia, hostigamiento y detención arbitraria.
Además, plataformas digitales como Meta y TikTok eliminaron información sobre servicios de aborto, restringiendo el acceso a derechos reproductivos. Amnistía también señaló el aumento del uso de tecnologías de vigilancia y represión digital.
jl
