Recuerdo una charla que tuve con el gerente divisional que por entonces era mi jefe en la empresa tequilera. Estábamos en Veracruz y, durante la sobremesa tras una comida bien regada por aguas espirituosas, me dijo que mi desempeño era pobre.
Aquel hombre, que tenía fama de que su carácter se ensombrecía por aquello que llaman “mala copa”, neceaba a pesar de que le exponía argumentos respaldados por la solidez de la estadística. ¿Cómo es posible que tu desempeño sea malo si trimestre a trimestre cobras comisiones que no te pagan si no cubres una parte mayoritaria de tus objetivos?
Aseguraba que la cartera de la zona estaba vencida, pero no te autorizan el surtido de pedidos de los clientes que deben, de manera que eso no era posible; sin embargo, él no quitaba el dedo del renglón e insistía una y otra vez, cada vez más intoxicado por los tequilas que seguían fluyendo.
Finalmente, decidí seguirle la corriente y el ambiente se relajó lo suficiente para irnos a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, retomó el asunto, pero afortunadamente admitiendo argumentos, lo que zanjó definitivamente las diferencias. Lamentablemente, cuando de presupuestos se trata no siempre sucede lo mismo y en muchas ocasiones el arreglo pasa por la buena voluntad política.
El anuncio de que en 2026 habrá un incremento presupuestal para las dependencias encargadas de atender a las personas desaparecidas podría parecer una señal positiva. Pero, de acuerdo con observaciones hechas por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), basta mirar con cuidado para descubrir que ese aumento no está destinado a fortalecer las acciones de búsqueda, sino a engordar la infraestructura administrativa: sistemas costosos, estructuras burocráticas que, como tantas veces en México, crecen sin traducirse en resultados. Es el viejo truco de maquillar la realidad con números que suenan bien, pero que no tocan la urgencia moral del país.
Mientras las familias continúan rastreando terrenos, tocando puertas y organizándose entre ellas para suplir al Estado, el presupuesto en poder del Congreso se diluye en lo que no rescata a nadie adquisiciones tecnológicas sin operación real, y esquemas administrativos que terminan siendo más monumento al gasto que instrumento para la justicia. Es una ironía cruel: se invierte en edificios para instituciones cuya razón de existir son personas que siguen siendo invisibles.
Esta desviación de prioridades revela una profunda incomprensión –o quizá un profundo desinterés– sobre lo que significa la desaparición en México. No se necesita una oficina más bonita, sino brigadas mejor capacitadas; no se requiere una plataforma digital nueva, sino personal suficiente que recorra campo, que escuche, que investigue; no hace falta crecer burocracias, sino asumir que la búsqueda es un acto humanitario que requiere voluntad política, no solo presupuesto decorativo.
El Estado quiere dar la impresión de que avanza, pero lo hace en la dirección equivocada. Construye estructuras para administrarse a sí mismo mientras deja intacto el vacío de quienes faltan. En un país con más de 100 mil desaparecidos, destinar el incremento a infraestructura interna es una forma sofisticada de abandono. Una declaración silenciosa, pero contundente, de que la prioridad no es encontrarlos, sino aparentar que se está trabajando.
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