Enrique Alfaro ya dio la espalda a sus aliados alteños

El cliché de la muerte anunciada de la lucha gobierno estatal-alteños contra El Zapotillo y el trasvase del río Verde a León estaba más que cantado: Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, siempre dispuesto a sacrificar a sus aliados si las elevadas causas de la refundación lo demandan.

Y una de esas causas fundamentales es dotar de agua, entre otros, a los negocios inmobiliarios tapatíos que le son tan cercanos tanto en el discurso –generadores de empleo, aportadores al PIB de la ciudad, dinamizadores de la economía, y abastecedores, faltaba más, de vivienda para la población– como en los intereses de grupo y de familia.

El discurso se basa en la misma lógica invocada por la Comisión Nacional del Agua desde tiempos de Carlos Salinas para justificar megaproyectos que alteraron cuencas, y en décadas previas, por la Secretaría de Recursos Hidráulicos y sus dislates desarrollistas.

Este punto de vista molesta a muchos técnicos de buena fe que aseguran que esas instituciones desarrollaron México. Y no habría problema en reconocerlo, pero la realidad completa indica que ninguna de esas obras contó con algo más que buenos estudios de ingeniería; cero consideración a impactos ambientales, sociales y culturales: destrucción de ecosistemas valiosos, desplazamientos de comunidades, alteración del flujo hídrico que cambia las condiciones para quienes viven aguas arriba o abajo, y sin duda, el sacrificio de los menos (los pobladores de las zonas rurales exportadoras de agua) a favor de los muchos (los moradores de las ciudades, donde viven la mayoría de votantes, y los intereses económicos más importantes, que son fundamentalmente urbanos).

Algunos de estos casos del pasado llegaron lejos: por ejemplo, la Comisión del Papaloapan reubicó en los años 70 a decenas de aldeas chinantecas para construir la represa Cerro de Oro y las mandó a la selva desmontada de Uxpanapa, claro, sin preguntarles ni la hora. A la postre y de modo simbólico, la comisión fue juzgada por ecocidio, por corrupción y por la “destrucción sistemática de una cultura india” (ver el imperdible artículo de Miguel Székely e Iván Restrepo, “Frontera agrícola y colonización”, 1988, Centro de Ecodesarrollo).

No hay, pues, más que la continuidad de una tradición desarrollista, con la novedad de que hoy se necesitan justificar decisiones tomadas de antemano, la preocupación creciente por lo ambiental recibe un pequeño barniz y se simulan consultas públicas.

Estos análisis no llegan más lejos porque se teme la parálisis (24 años de la última obra de agua completa y en operaciones, la represa Elías González Chávez, es el argumento). Pero en el fondo, exhibe no solamente la incapacidad de generar proyectos sin perdedores (¿dónde están los ambiciosos programas de compensación para los Altos por llevarse su agua?), sino la imposibilidad de responder preguntas apremiantes: ¿es pertinente una exportación de agua de una cuenca deficitaria y bajo los efectos crecientes de la desertificación y el cambio climático? Que León y Guadalajara reprueben un examen de gestión integral del agua no sería cosa menor, ¿por qué arrebatar el agua de una región para premiar conductas ineficientes? ¿Será que hay más votantes acá?

Ah, pero esperen, Enrique Alfaro no tiene que ver con eso: “Arcediano es un proyecto del gobierno federal”, espetó. El agua no es la misma, habría que suponer. Dar la espalda a una causa electoral que fue tan útil se convierte en un ejercicio de simulación y autoengaño, pero en su ministerio de propaganda les gusta decir que sólo son las misteriosas raisons d’état.

[email protected]

JJ/I