Objetivo: ‘doblar’ a magistrados

Frente al Poder Judicial, el Ejecutivo tiene sólo dos objetivos que está dispuesto a lograr a como dé lugar y utilizando los instrumentos que sean necesarios: 1. Que acepten -por no decir que acaten- su reforma que envió al y aprobó el Congreso del Estado, y 2. Evitar que presenten la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque sabe que ahí será derrotado.

No es un gesto gratuito y de consideración el que se haya atrasado intencionalmente el proceso legal para la entrada en vigor de esta reforma, ya sea por el periodo vacacional de magistrados, jueces y demás integrantes del Poder Judicial o porque los diputados aún gozan de uno de los muchos periodos de vacaciones que se auto calendarizaron a lo largo del año.

El atraso se debe a que desde el Ejecutivo se pretende doblar a su similar el Judicial, y promulgar las reformas aprobadas sin ninguna consecuencia legal que frustre o empañe los planes y proyectos del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de tener al tercer poder bajo su control, colocando sus propias piezas en las siete magistraturas vacantes y en la que quedará a partir del primero de septiembre en el Consejo de la Judicatura.

La lentitud con que los ayuntamientos llevaron a cabo la aprobación del dictamen de la reforma que les envió el Legislativo, la decisión del coordinador de la bancada del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso, Salvador Caro Cabrera, de retrasar la declaratoria de constitucionalidad de las reformas y, por tanto, la imposibilidad para que el gobernador la promulgue, no es sino una estrategia para ganar tiempo y presionar a los magistrados para que se desistan de interponer la controversia constitucional, primero, y para que acepten los términos de dichas reformas y lo que el Ejecutivo pretende incluir en la Ley Reglamentaria del Poder Judicial.

Y es que mientras el Ejecutivo no promulgue las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso del Estado y los ayuntamientos, el Poder Judicial no puede interponer dicha controversia. Es necesario que el acto se consume para recurrir a la Suprema Corte.

El congelar las cuentas bancarias de los magistrados Celso Rodríguez, del Supremo Tribunal de Justicia, y de Alberto Barba y Armando García, del Tribunal de Justicia Administrativa, sin que medie orden de un juez como lo demanda la ley, ¿es una forma con la que desde el Ejecutivo se pretende presionar al Poder Judicial para que se doble? ¿O responde a un ajuste de cuentas de carácter personal porque el primero, Celso Rodríguez, se niega a retirarse y dejar el cargo, y los otros dos, Barba y García, le han ganado varios casos a través de los amparos que han interpuesto ya sea por denuncias en su contra o juicios políticos que no han procedido?

Más allá de la responsabilidad o no de los magistrados, que le corresponderá resolver a los tribunales, el que se haya recurrido al congelamiento de sus cuentas bancarias sin la orden de un juez, obligan a darle una lectura más política que legal y entender que esta acción tiene otros propósitos muy ajenos, al querer sancionar a quienes presuntamente incurrieron en actos irregulares o ilegales. Que no nos extrañe, entonces, que nuevamente los hoy afectados obtengan amparos a su favor que dejen sin efecto una medida no aplicada por la instancia correspondiente.

El tiempo pasa y la tan cacareada reforma al Poder Judicial sigue en el limbo, con muchas probabilidades de que fracase ante la decisión firme de los magistrados de no aceptarla y recurrir a la controversia constitucional. El tiempo para el Ejecutivo es oro, y el que deje en suspenso uno de sus principales proyectos de la llamada refundación, que no cuaje en el tiempo y forma que tenía estimado, demuestra que no hay rumbo. Y si no, al tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

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JJ/I