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Debido a las constantes quejas de los usuarios, víctimas de accidentes e inconsistencias en la determinación de la tarifa, Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), anunció que ya se integra una investigación sobre el transporte público que arrojará observaciones y recomendaciones.
A decir del funcionario, hasta la fecha se han presentado en la comisión 11 quejas relacionadas con el reciente incremento de 35 por ciento a la tarifa del Tren Ligero, Macrobús y Sitren, pero además se suma que en junio la Secretaría de Transporte fue la dependencia con más quejas en Jalisco relacionadas con el mal servicio de las unidades del transporte público.
“Nosotros estamos acompañando este proceso a raíz del alza a la tarifa del transporte, pero no se queda ahí, es una investigación integral con el ánimo de colocar sobre la mesa propuestas generales para que de una vez por todas se deje una capacidad instalada pensando a mediano y largo plazo que permita desplazamientos seguros”, dijo Hernández Barrón.
“Tenemos información, algunos usuarios nos han dicho, que algunas rutas a las que se les autorizó el precio no cumplen con los requisitos, todo esto lo estaremos evaluando. Tiene muchos años abandonada la perspectiva integral, de inclusión, de perspectiva de género y requiere desde luego una intervención profunda (...) es un documento amplio”, dijo Hernández Barrón.
El ómbudsman señaló que como parte de esta investigación habrá personal de la dependencia en las rutas con tarifa autorizada de 9.50 para verificar que cumplen con los requisitos establecidos para hacer ese cobro, tales como formar parte del modelo ruta empresa, tener unidades nuevas, choferes capacitados, vehículos con cámaras de vigilancia, entre otros.
“Aquí lo importante es que no haya discrecionalidad en las tomas de decisiones (aumentos de tarifa) y, por poner un ejemplo, si se autoriza que una determinada ruta incrementa el costo porque se ha acreditado el cumplimiento de ciertos requisitos, estaremos identificando estas rutas y realizando recorridos para dar fe que efectivamente están cumplimiento”, comentó.
Con el objetivo de tener un mejor desempeño público en materia de derechos humanos, el ómbudsman y el alcalde Pablo Lemus Navarro firmaron un convenio para capacitar a los funcionarios de Zapopan al respecto y dar un seguimiento más cercano al desempeño del municipio en el cumplimiento de las recomendaciones que emite la comisión.
A la fecha, de las 5 mil 826 quejas presentadas ante la CEDHJ, 129 son en contra de diferentes áreas del Ayuntamiento de Zapopan, las cuales dijo Hernández barrón, sería ideal que bajen una vez que entre en vigor el convenio y haya más sensibilidad de los funcionarios hacia los derechos humanos.
Afectación. Uno de los daños del incremento al costo del transporte será la disminución en la calidad de los alimentos que consumen los sectores socioeconómicos más vulnerados _____________________________
Después de que académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) presentaran un estudio que concluyó que una tarifa del transporte público de 7 pesos es la máxima que pueden solventar los tapatíos, el Observatorio Jalisco Cómo Vamos coincidió en que una de las principales afectaciones del incremento al costo del servicio será una disminución en la calidad de los alimentos que consumen los sectores socioeconómicos más vulnerados.
Augusto Chacón Benavides, coordinador ejecutivo del observatorio, recordó que las encuestas realizadas por éste demuestran que los gastos de alimentación y de transporte representan el grueso de los egresos de las familias tapatías. Por ende, ante la permanencia de la tarifa de 9.50 pesos, será el primer rubro al que, probablemente, dejarán de destinarse estos recursos.
“La disyuntiva no es dejar de ir al cine, porque no lo hace la mayoría de la población; no van a dejar se hacer consumo lúdico o recreacional, porque la mayoría de la población lo hace de manera mínima y sólo cuando es gratuito. El incremento en la tarifa para ciertos sectores de la sociedad, va directamente a la calidad de los alimentos que consume o, viceversa, a dejar de subirse a ciertos camiones o de dejar de hacer algunas cosas para poder mantener tu gasto en alimentos”, expuso.
Durante la presentación del estudio, el doctor Héctor Luis del Toro Chávez, investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), expresó que la tarifa de 9.50 pesos supone un promedio de gasto de mil 064 pesos por tapatío al mes. En tanto, según se desprende de la Sexta Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2018, los camiones y el Macrobús son el principal medio de transporte de los tapatíos, pues en su conjunto concentraron 54.9 por ciento de las respuestas, a las que se suma 1.5 por ciento de la población que utiliza al Tren Ligero como la primera opción para sus desplazamientos. Por consecuencia, expuso, Chacón Benavides, el incremento golpea también a ciertos sectores de la clase media.
En este contexto, consideró que la discusión de fondo debería girar en torno a si el transporte puede ser considerado como un servicio que deje ganancias a los concesionarios o tiene que ser enteramente de carácter público. No obstante, consideró, existe una deficiencia de mediciones o indicadores que permitan a las autoridades tomar decisiones claras al respecto.
JJ/I