Quinto Patio 

Y que lo exhiben. Al gobernador Enrique Alfaro no le gustó nadita que el mismísimo secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, su amigo, hubiera salido en la mañanera del Pejesidente a decir que Jalisco era el estado con menos policías certificados en el país. 

Tampoco le gustó que compararan las estadísticas de los estados porque, comparándose consigo mismo, Jalisco parece tener buena pinta, según el pintor oficial. 

Ya viendo el panorama completo, Jalisco no está tan chido como lo pintan en materia de seguridad. Como que quería darle por su lado al gobierno federal diciendo que está bien establecer indicadores de seguridad entre los distintos estados, aunque no se pueden comparar entre sí. Ojalá que esa desavenencia no dañe la bonita relación entre el gobernante local y el nacional, o sus representantes durazos. 

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A propósito de lo anterior, a las 10 horas estará hoy Alfaro en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Participará en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y anunció que ante la reducción para 2020 de apoyos en $$$ de la Federación, a un estado prioritario en materia de seguridad nacional, pues, ojo, va “a defender los intereses de Jalisco”, y que “no es pelea, es pedir lo justo”. Explicó que “de 616 mdp en 2018, pasamos a 505 en 2019 y nos quieren dar 510.7 para 2020. Es decir, 105.2 mdp menos que en 2018 y con el ajuste de la inflación nos quedaríamos con 476.9 en términos reales”. 

Lo que el gobierno de México votará hoy “no sólo está lejos de ser un incremento presupuestal en los fondos de seguridad, sino que la disminución de recursos es mayor de lo que imaginan”, escribió. Sacó su ábaco y aportó datos: “Si comparamos el presupuesto del Fortaseg entre 2019 y lo que nos quieren dar para 2020, hay un incremento de casi 20.7 mdp; lo que no dijeron es que de 2018 a 2019 nos quitaron más de 122.5 mdp; es decir, de 2018 a 2020 la reducción es de 93 mdp”. O sea, pichicatean a Jalisco. 

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La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres mandó un comunicado con un tono inusual: reprobó y lamentó la liberación de dos feminicidas confesos y un presunto parricida, lo cual “hace al Poder Judicial responsable y partícipe de la violación sistemática a los derechos humanos no sólo de las víctimas directas e indirectas de estos casos, sino también de los que resulten a partir de ello, pues la ciudadanía observa estos hechos como señal inequívoca de que hay permisividad para violentar y asesinar mujeres”. (¡¿Sacaron la casta?!). 

Y dio nombres: dos de las sentencias ejecutorias fueron otorgadas por la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, integrada por el magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos; el secretario de Acuerdos en funciones de magistrado Federico Hernández Corona y el magistrado Sergio Enrique Medrano Covarrubias. Y anotó que, en el otro caso, el juez de ejecución de pena, Bernardo Salazar, otorgó el beneficio de preliberación a la sentencia de 38 años al culpable confeso por parricidio. (¿Actuará el Consejo de la Judicatura?). 

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Pues, miren, el presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, señaló que está al tanto y comprende la indignación por la preliberación y las liberaciones; no obstante, aclaró que su deber y obligación es “velar y respetar la libertad jurisdiccional de todos nuestros juzgadores”, lo cual “no implica, en ningún momento, solapar o ser permisivos ni en estos ni en ningún caso”. Que si la ley y el derecho no dan la razón (a los juzgadores, interpretamos), advirtió que como presidente del Poder Judicial del Estado “no dudaré en actuar”. (O, sea, que ¿no le temblará la mano?). 

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