Abogado del diablo

En nuestra sociedad es conocido el término de abogado del diablo, que se utiliza para referirse a alguien que expresa una opinión contraria a la que se está discutiendo. Su origen se remonta a la redacción de las leyes para reconocer a una persona como santa dentro de la Iglesia católica, y se debe a que dicho reconocimiento se da después de un procedimiento muy parecido al de un juicio, sólo que en este caso el abogado postulante es quien defiende los méritos de la persona propuesta como ejemplo de santidad, y su contrario, que funge como abogado del diablo, es decir, como opositor a la causa. 

Ese procedimiento se estableció para tener una visión más equilibrada dentro del procedimiento, dada la enorme responsabilidad institucional que implica declarar a una persona como santa. De esa manera, la institución se protege de la posibilidad de los errores derivados de escuchar únicamente a quien defiende la postulación, que consciente o inconscientemente podría omitir datos que cuestionaran la santidad de la persona postulada. 

Así pues, el abogado del diablo cumple con una función muy importante, cuestionar, debatir e intentar refutar los argumentos con datos contrarios a los de la parte que ya está convencida, para asegurarse de que en efecto no hay nada que objetar a la postulación, y si así es, proceder con la causa, o en su defecto desecharla. La apuesta es lograr la objetividad y buenos resultados. 

Esto que ocurre dentro de una institución basada en la fe debería ser una práctica cotidiana dentro de las instituciones públicas, que también están expuestas a cometer errores en su toma de decisiones, especialmente si no hay mecanismos que equilibren la visión que se tiene sobre los asuntos a su cargo. 

Por eso la función del Poder Legislativo es, en parte, ser un abogado del diablo con relación a lo que le presenta el Poder Ejecutivo. Su labor de vigilancia y auditoría no tiene la finalidad de obstaculizar la labor del gobernador, sino evitar que cometa errores por exceso o por falta de entusiasmo, y de esa manera procurar el bien general. 

En nuestro caso el problema es que 28 diputadas y diputados del Congreso del Estado de Jalisco se negaron a llevar a cabo su función de ser contrapeso, y aprobaron en días pasados la solicitud que presentó el gobernador Enrique Alfaro para solicitar un préstamo por 6 mil 200 millones de pesos, además de hacer una reasignación de las partidas presupuestales aprobadas para este año, sin darse a la tarea de revisar, y en su caso corregir las propuestas. 

Y sabemos que había necesidad de hacer correcciones porque una organización de la sociedad civil, denominada Nuestro Presupuesto, se dio a la tarea de revisar esos documentos, y encontró varios errores muy graves, de los que dieron cuenta en un informe que se puede consultar en la siguiente dirección: shorturl.at/cqtCT. 

Así, la mayoría en el Congreso avaló una propuesta con errores que harán más complicada su aplicación. Si, en cambio, hubieran actuado de una manera más responsable y democrática, habrían convocado a quienes pudieran ejercer como abogados del diablo para hacer un mejor trabajo, y representar de manera más digna al pueblo de Jalisco. 

Esa oportunidad la dejaron pasar, pero aún tienen la posibilidad de hacer ejercicios de parlamento abierto para revisar la asignación de los recursos provenientes de la deuda que aprobaron, así como los resultados obtenidos, para velar por los intereses del pueblo al que representan. Si no lo hacen, seguirán la ruta del desprestigio de legislaturas anteriores, pero a la vista de organizaciones que les observan. 

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