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MIAMI. Una jueza federal pospuso este miércoles la audiencia del juicio de extradición del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, desde Estados Unidos a su país, donde está acusado de desvío de dinero y delitos electorales, según documentos judiciales.
El comienzo del proceso legal, de una duración de 2 semanas, estaba previsto para hoy jueves de forma virtual debido a la pandemia.
En el escueto enunciado de la decisión, la jueza Lauren Fleischer Louis no determina una nueva fecha para el juicio contra Duarte, preso en Miami desde el pasado 8 de julio acusado de “malversación agravada y conspiración agravada”.
En agosto, el gobierno de Estados Unidos presentó ante esa Corte la solicitud para formalizar la extradición.
El ex gobernador tiene 20 órdenes de aprehensión por parte de jueces locales por la presunta comisión de varios delitos cometidos durante su mandato que inició en 2010 y concluyó en 2016.
Además, cuenta con una orden de captura ordenada por un juez federal, a solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se le señala por el desvío de recursos para el financiamiento de campañas políticas.
El mexicano, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral Jurado, permanece en una cárcel de Florida después de que la jueza Fleischer Louis le negara la libertad bajo fianza.
El fiscal Jason Wu, que representa al gobierno de México, ha expuesto que existe “peligro de fuga” de Duarte y dijo que el mexicano ha perjudicado a una gran comunidad con transferencias de más de 6 millones de dólares que hizo como gobernador a dos empresas en las que era el accionista mayoritario.
El 30 de septiembre pasado la defensa solicitó “desestimar la denuncia de extradición, argumentando que todos los cargos penales subyacentes a la denuncia están prescritos por los estatutos de limitaciones mexicanos o estadounidenses”.
En una posterior audiencia virtual de noviembre ambas partes analizaron la prescripción de cargos bajo la ley mexicana y la validez de una nota diplomática entregada por el gobierno de México a la Fiscalía estadounidense, en la que se amplían y detallan los cargos contra Duarte.
EH/I