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Rompiendo
Ley Telecom
Los integrantes del partido político local, Futuro, exigieron por escrito al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei) que revise el cumplimiento en la transparencia de los recursos del Fideicomiso por el cobro de la verificación del llamado Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco.
La petición la hicieron el regidor de Zapopan, Pedro Kumamoto y la diputada local Susana De la Rosa para conocer el uso de estos recursos donde saben que también hay ingresos por otros conceptos.
Kumamoto mencionó que no se puede exigir el pago de un servicio cuando no hay transparencia en qué se está usando estos ingresos.
“(Se requiere) una explicación por los contratos y por el uso que el gobierno de Alfaro le está dando a los recursos recaudados por la verificación, y que actualmente se están yendo a un fideicomiso”, aseveró Kumamoto.
Actualmente este fideicomiso está recibiendo 168 de los 500 pesos que se cobra por la verificación vehicular.
Cuestionaron la poca transparencia en los recursos que se le asignan porque en 2022 fueron 558.5 millones de pesos, donde 98 por ciento se fue para una partida llamada Inversiones financieras y otras provisiones, y en el 2023 le asignaron 657 millones.
“Lo que sabemos en el 2022 el fideicomiso se usó para costear la creación de dos manuales, que por cierto también no están disponibles para el público en general, y también se usó para 12 capacitaciones para el personal de la misma institución. Esa es toda la información que tenemos (de lo invertido en el 2022)”, afirmó.
De la Rosa precisó que se están violando los artículos 8 y 16 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.
“Hay información básica sobre el fideicomiso de la que no disponemos. No contamos con datos sobre nóminas, estados financieros, cuentas públicas, pólizas de cheques, estados de cuenta bancarios, el manejo del patrimonio del fideicomiso ni el saldo total al cierre del ejercicio fiscal”, comentó.
Cuestionó si el mandatario estatal está ocultando la información y por qué exige el pago si no hay claridad sobre su destino final sobre lo recaudado por la verificación.
Ambos recordaron su propuesta de reducir el costo de la verificación de 400 pesos a 220 pesos se cambió el monto de costo por la empresa que da el servicio y aumentó sin ninguna justificación.
EH