Dignidad parlamentaria

En julio de 2024 se publicaron los resultados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, que tiene por objeto generar información estadística y geográfica sobre la gestión y el desempeño del Congreso de cada entidad federativa, el cual evidenció que durante 2022 el presupuesto nacional ejercido por los Congresos estatales fue de poco más de 15 mil 291 millones. Jalisco concentró 5.97 por ciento de este presupuesto, con un monto de 912 millones 873 mil 286 pesos, lo que coloco a la entidad en la cuarta posición, por debajo de CDMX, Estado de México y Michoacán.

El 1 de noviembre se instaló la 64.ª Legislatura del Congreso del Estado, la cual se integra por 38 diputaciones, representada por el PAN, con cinco; PRI, tres; Partido Verde, dos; Movimiento Ciudadano, 11; PT, dos; Morena, nueve; sin partido, uno; Futuro, dos; Hagamos, tres. La integran 19 mujeres y 19 hombres. La legislatura tiene retos que debe asumir con compromisos, tales como la aprobación de la ley de designaciones públicas, la cual debe limitar la repartición de cargos públicos por intereses partidarios o vínculos cercanos con las y los aspirantes.

Otro tópico que debe abordar será la reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, particularmente la designación de las y los integrantes del Comité de Participación Social (CPS), que deberá versar en limitar a personas servidoras públicas al menos tres años atrás de formar parte del CPS, y con ello establecer un candado para evitar que continúe capturado este ente ciudadano. Otro aspecto importante es la visibilización del desplazamiento forzado interno, fenómeno que se agudiza en algunas regiones del estado, por lo que deberá atenderse desde la tipificación como un delito o una ley estatal que inhiba este fenómeno.

En este mismo sentido se debe abordar con mayor seriedad la agenda de la ampliación de derechos a las mujeres, particularmente la correspondiente a la violencia obstétrica como un tipo penal, agravándola cuando sea realizada por personal de instituciones públicas, así como el fortalecimiento del Instituto Jalisciense de Ciencia Forenses en materia presupuestaria, a fin de controlar la crisis forense que se vive hoy en el estado.

En cuanto a la procuración de justicia deberán considerar legislar sobre la obligación de la Fiscalía Estatal a presentar dentro de los primeros tres meses de su gestión el plan de persecución penal; este instrumento ayudará dentro de otros aspectos a priorizar la investigación y persecución de los delitos. Así mismo se deberá obligar a la Fiscalía a impulsar la conformación y trabajo de su Consejo Ciudadano, que se encuentra en la ley pero que hoy es letra muerta.

En cuanto al control de la corrupción es necesario que establezca la creación de una unidad de inteligencia financiera adscrita a la Fiscalía en Combate a la Corrupción, a fin de seguir la ruta de dinero de hechos de corrupción y con ello estar en posibilidades de recuperar los activos y realizar la reparación del daño a las víctimas de hechos de corrupción, por cierto, hasta hoy no reconocidas en la ley.

*Doctora en Derecho

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